SOFIA ZANOTTI
El pasado jueves 17 de octubre, la Cámara de Senadores de Santa Fe dio un paso significativo al aprobar por unanimidad un Proyecto de Ley que exonera a las cooperativas de servicios públicos del pago de patentes de sus vehículos. La iniciativa, impulsada por el senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), busca nivelar el terreno para las cooperativas que proveen servicios esenciales, tales como agua potable, desagües cloacales y distribución de energía eléctrica.
El proyecto modifica el Código Fiscal (Ley 3456 y sus modificatorias), permitiendo a las cooperativas no solo evitar el pago de la patente de vehículos, sino también del impuesto a las transferencias de derechos de propiedad de estos vehículos. Michlig argumentó que este cambio es esencial para "apoyar a instituciones de bien público" y promover la igualdad entre prestadores de servicios.
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Es importante señalar que empresas estatales como la Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas ya cuentan con exenciones fiscales, lo que ha llevado a la necesidad de equiparar el tratamiento a las cooperativas que, a pesar de su rol fundamental en la comunidad, no gozaban de los mismos beneficios.
El texto, que ya había sido aprobado por el Senado en 2022 y fracasó en Diputados, ahora tiene más posibilidades de avanzar, dado que la composición de la Cámara baja ha cambiado y actualmente cuenta con una mayoría oficialista, alineada con Michlig.
Los fundamentos del proyecto destacan que la logística de transporte es un aspecto crítico en los costos de operación de los servicios públicos. La necesidad de contar con vehículos operativos implica costos significativos, donde los tributos, especialmente la Patente Única sobre vehículos, representan un porcentaje considerable. Por lo tanto, esta legislación no solo busca alivianar la carga fiscal de las cooperativas, sino también garantizar la sustentabilidad del servicio público.
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El senador Michlig enfatizó que este trato desigual afecta la política tributaria provincial, que actualmente impacta de forma asimétrica en los costos de los servicios proporcionados por cooperativas en comparación con los suministrados por empresas estatales. Este diferencial se traduce en un perjuicio directo para los usuarios de servicios públicos que dependen de estas cooperativas, afectando su calidad y disponibilidad.
