El diputado Carlos Del Frade presentó un expediente en la Cámara de Diputados exigiendo respuestas inmediatas del juez federal Marcelo Bailaque, involucrado en un escándalo por sus vínculos con un contador de Esteban Alvarado, uno de los narcos más peligrosos de Rosario.
Santa Fe13 de junio de 2024
Novedades del Sur
El diputado provincial Carlos Del Frade ingresó un pedido de explicaciones al juez federal Marcelo Bailaque, luego de que se conociera que el magistrado había contratado en su juzgado al hijo de un contador vinculado al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, actualmente condenado a cadena perpetua. Del Frade presentó un proyecto de declaración de repudio y exigió explicaciones inmediatas por parte de la justicia federal rosarina, señalando las relaciones entre Bailaque y los contadores Gabriel y Sebastián Mizzau, quienes trabajaron para Alvarado, cabecilla de una de las mayores bandas narcopoliciales de Santa Fe.
El escándalo estalló cuando se supo que, a pesar de haber procesado a Alvarado por lavado de activos y embargarle 100 millones de pesos, Bailaque ignoró un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que solicitaba intervenir los teléfonos del narcotraficante mientras este seguía en libertad. La falta de acción en su momento ha llevado a que Bailaque sea investigado por el Consejo de la Magistratura.
"Es fundamental que la justicia federal rosarina dé una postura pública sobre este tema para recuperar credibilidad y afianzar el compromiso con la democracia", sostuvo Del Frade. El diputado ya había criticado al magistrado tras una denuncia de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes acusaron a Bailaque de bloquear investigaciones clave contra Alvarado, particularmente cuando la PSA alertó sobre su control de armas y dinero desde 2010.
El escándalo no solo ha provocado indignación en la legislatura, sino que ha reavivado las críticas hacia el sistema judicial por su aparente falta de acción frente a los crecientes vínculos entre narcotráfico y corrupción. Del Frade reiteró que este tipo de situaciones solo profundizan la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
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