LORENA ACOSTA
En una decisión que ha generado reacciones encontradas, el presidente Javier Milei, a través del Decreto 727/2024, ordenó la disolución de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI). Esta entidad, que dependía de la Secretaría de Derechos Humanos, estaba encargada de localizar a los hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) y de restituir su identidad.
El decreto, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, deroga el Decreto 715 de 2004, que había creado esta unidad especial. La decisión lleva la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y ha sido recibida con consternación por diversos organismos de derechos humanos que consideraban a la CoNaDI como una pieza fundamental en la reparación histórica y la justicia.
Desde su creación en 1992, la CoNaDI ha jugado un papel crucial en la investigación de casos de apropiación de menores durante la dictadura. En 2001, sus alcances fueron ratificados por la Ley 25.457, que reforzaba sus competencias y responsabilidades. Entre las principales funciones de la comisión se encontraban la recepción de denuncias, la asistencia en investigaciones judiciales, y la colaboración con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para la realización de pericias que ayudaran a establecer la identidad de las personas.
Además de la búsqueda y localización de hijos de desaparecidos, la CoNaDI ofrecía acompañamiento psicológico y asesoría jurídica a las personas afectadas y a sus familiares durante los procesos judiciales para la restitución de identidad.
La disolución de la CoNaDI representa, para muchos, un retroceso en los esfuerzos por esclarecer los crímenes de la dictadura y asegurar que las víctimas de apropiación recuperen su identidad. Por otro lado, los defensores de la medida argumentan que es parte de un plan de reestructuración del Estado orientado a reducir lo que consideran instituciones redundantes.
Las repercusiones de esta decisión aún están por verse, pero la desaparición de la CoNaDI plantea interrogantes sobre el futuro de los casos aún no resueltos y sobre el compromiso del gobierno actual con los derechos humanos.
