Destituyen al jefe de la Fuerza Aérea por uso indebido de aviones oficiales
El brigadier Fernando Mengo fue removido por realizar vuelos particulares con aeronaves oficiales. Tres candidatos están en evaluación para ocupar su puesto.
Un abogado asociado a la Unión Industrial Argentina aparece como autor de medidas fiscales presentadas por el Ejecutivo, desatando controversias.
Política 20 de marzo de 2024GASTON PAROLAEn un giro inesperado, el paquete fiscal presentado por el gobierno de Javier Milei ha generado revuelo tras revelarse la presencia del nombre de Liban Ángel Kusa, un abogado vinculado a la Unión Industrial Argentina (UIA), como uno de los autores del documento. Esta noticia ha levantado una serie de interrogantes sobre la transparencia y la participación de actores externos en la elaboración de políticas fiscales.
Kusa, quien forma parte del Comité Ejecutivo y el Directorio del estudio Bruchou & Funes de Rioja, un influyente bufete legal en el país, ha sido identificado como el responsable de realizar modificaciones al capítulo fiscal del paquete fiscal recientemente distribuido por el Ejecutivo. Su expertise en temas tributarios y su historial en la defensa de causas relacionadas con administraciones fiscales a nivel nacional y provincial le otorgan una posición destacada en el ámbito legal y económico.
Este descubrimiento ha suscitado críticas y preocupaciones entre gobernadores y funcionarios, quienes cuestionan la falta de transparencia en el proceso de elaboración de políticas gubernamentales. La presencia de Kusa en el documento ha sido interpretada como un indicio de influencia externa en decisiones clave para la economía del país.
Por su parte, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA y del estudio legal en cuestión, ha negado su participación directa en la redacción del paquete fiscal, aunque su asociación con Kusa y el estudio Bruchou & Funes de Rioja plantean interrogantes sobre los verdaderos actores detrás de estas medidas.
En medio de estas controversias, la revelación de este vínculo entre el sector empresarial y la elaboración de políticas fiscales subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso legislativo y gubernamental.
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