La semana pasada, durante el Congreso Económico Argentino, el candidato Javier Milei hizo una declaración que ha generado un profundo debate en el país. Milei afirmó que en el caso de una empresa que contamina un río, el problema radica en la falta de derechos de propiedad sobre el agua, permitiendo que dicha empresa pueda contaminar el río sin restricciones. Esta declaración, más que una simple transgresión, pone sobre la mesa un tema de vital importancia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global.

Argentina, con su vasto territorio y riqueza natural, posee una parte significativa de las reservas y fuentes de agua dulce más codiciadas del planeta. Esta posición estratégica convierte la gestión del agua en un tema de extrema importancia para el país. A nivel internacional, el acceso al agua dulce se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso y preciado, desencadenando disputas políticas, económicas e incluso conflictos armados.

El hecho de que el agua dulce haya comenzado a cotizar en la bolsa de valores a futuros de Wall Street desde 2020 demuestra la creciente importancia económica de este recurso. Su precio se ha duplicado en tan solo dos años, alcanzando más de mil dólares por acre-pie. Esta tendencia no es una mera casualidad; es una señal de alarma sobre la creciente escasez de agua a nivel global.

En el contexto argentino, ya se están gestando movimientos hacia la privatización de este recurso esencial. MEKOROT, una empresa de agua israelí, ha estado brindando servicios y asesoramiento a empresas de agua en varias provincias del país, incluida Santa Fe. Su objetivo es implementar un Plan Maestro del Sector Hídrico, que plantea el control de este recurso escaso por parte de esta empresa, que ha sido denunciada a nivel mundial por restringir el suministro de agua a las comunidades palestinas, en lo que se ha denominado "apartheid del agua". Esta situación plantea interrogantes sobre quiénes realmente controlarán el acceso al agua en nuestro país en el futuro.

Esta amenaza de privatización del acceso al agua se produce en un momento en que el mundo enfrenta una crisis hídrica sin precedentes. A nivel global, 700 millones de personas migran en busca de agua potable, y 5 mil niños y niñas mueren diariamente debido a la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico.

En Argentina, la realidad es igualmente preocupante. En las regiones cordilleranas, la escasez de agua es un problema que afecta a comunidades enteras, muchas de las cuales también sufren la contaminación de sus fuentes hídricas debido a la actividad minera. En el norte argentino, miles de personas deben caminar largas distancias para acceder al agua potable.

Incluso en ciudades como Rosario y Santa Fe, ubicadas a orillas de uno de los ríos más importantes del mundo, el acceso al agua potable es un lujo para algunos. Los barrios populares dependen de camiones cisterna que entregan agua solo unas veces por semana, y una canilla comunitaria a varias cuadras es a menudo la única fuente diaria de agua potable.

La mayoría de las poblaciones argentinas dependen de aguas subterráneas, que cada día están más secas y contaminadas con sustancias tóxicas como arsénico y glifosato. El acceso al agua no puede ser un privilegio, y el derecho a la vida no debe tener precio.

Defender nuestro acceso al agua es una responsabilidad que trasciende las diferencias políticas. En un país bendecido con recursos naturales tan valiosos, debemos asegurarnos de que la gestión del agua se base en la preservación de este recurso esencial para todos. Sin agua, ni siquiera el león de nuestra bandera podrá sobrevivir. Es hora de tomar conciencia y proteger este tesoro nacional.