Intento de usurpación en viviendas de Villa Suramericana en Santa Fe
El domingo 15 de noviembre se registró un intento de usurpación en las viviendas construidas para la Villa Suramericana de la ciudad de Santa Fe, un hecho que volvió a poner en debate la convivencia entre el derecho a la vivienda y el respeto a la propiedad privada.
Foto: Redes sociales
Estas viviendas, que forman parte del patrimonio del Estado provincial, están destinadas a un proceso de adjudicación para futuros beneficiarios. La ocupación irregular afecta tanto al patrimonio público como a las expectativas legítimas de quienes aguardan su asignación conforme a las normas vigentes.
La Constitución Nacional establece en su artículo 17 que la propiedad es inviolable y solo puede ser privada mediante sentencia fundada en ley, contemplando la expropiación solo bajo estrictos procedimientos legales y con indemnización previa. Además, el artículo 14 reconoce el derecho a usar y disponer de la propiedad, mientras que el artículo 14 bis promueve el acceso a una vivienda digna, mostrando un equilibrio constitucional entre ambos derechos.
En el ámbito penal, el Código Penal argentino tipifica la usurpación como delito en su artículo 181, sancionando a quienes despojan a otros de la posesión o tenencia de un inmueble mediante violencia, amenazas o abuso de confianza.
El juez federal de Reconquista y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quien firmó un análisis sobre el tema, destacó que detrás de cada vivienda hay personas que han realizado esfuerzos económicos y sociales para acceder a un hogar, respetando las reglas y procedimientos legales. Señaló que la ocupación de hecho genera malestar social y perjudica a quienes esperan su adjudicación de manera legítima.
Asimismo, subrayó que la seguridad jurídica es fundamental para que las familias puedan proyectar su futuro, solicitar créditos y realizar inversiones con la expectativa de que su propiedad será respetada. La vulneración de esta seguridad afecta a toda la sociedad y deteriora la confianza en las instituciones.
El magistrado también recordó que el derecho a la propiedad privada no es un privilegio, sino una garantía constitucional que protege el trabajo, el ahorro y los proyectos de vida. Por ello, defender la propiedad no implica desconocer las necesidades habitacionales, sino preservar los pilares de la convivencia democrática basada en reglas comunes y respeto mutuo.
Finalmente, afirmó que el acceso a la vivienda debe lograrse mediante políticas públicas transparentes, criterios equitativos de adjudicación y procedimientos legales que respeten los derechos de todos los ciudadanos, evitando que prevalezca quien ejerce mayor presión o ocupa primero un inmueble.