Caso Pluto: suspendieron el juicio y fijaron trabajo comunitario

La jueza penal Andrea Cavallero dispuso este miércoles 14 de octubre en Venado Tuerto la suspensión del juicio a prueba por doce meses para M. N. L. S., imputada por actos de crueldad animal contra el perro Pluto. La medida contempla 120 horas de trabajo comunitario y una donación de $10.000 a la entidad local Amigos Peludos.

La resolución no constituye una condena. Si la imputada cumple con todas las condiciones establecidas, el proceso podrá extinguirse. En caso de incumplimiento, el beneficio puede revocarse y la causa continuar su curso. La magistrada le explicó expresamente esas consecuencias durante la audiencia.

Pluto había sido rescatado el 17 de julio de 2026 de una vivienda de calle Azcuénaga al 1500. Según la acusación fiscal, presentaba desnutrición severa, parasitosis y múltiples lesiones cutáneas que requerían atención veterinaria inmediata. El perro murió en los últimos días de agosto en las instalaciones del Refugio Canino.

La Fiscalía sostuvo que la propietaria conocía el estado del animal y habría omitido de manera sostenida proporcionarle alimentación adecuada, tratamiento veterinario y condiciones seguras. La imputación le atribuyó haber causado sufrimientos innecesarios mediante la omisión consciente de los cuidados que tenía a su cargo.

La investigación reunió informes del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (IMUSCA), evaluaciones veterinarias, testimonios de vecinos, imágenes y comunicaciones. De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante los quince días posteriores al rescate Pluto había mostrado una mejoría clínica evidente.

Desde el MPA informaron que, en una instancia previa, se había solicitado un año de prisión efectiva. Posteriormente, el trabajo conjunto con la Unidad de Salidas Alternativas, a cargo de Facundo Peña, permitió alcanzar el acuerdo de suspensión del juicio a prueba que fue aceptado por la jueza.

La audiencia se realizó por la mañana en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), con participación de las partes por Zoom. Intervinieron la fiscal subrogante Larisa Barucca, en reemplazo del fiscal coordinador Iván Raposo, y Antonela Dalzotto, por la Defensa Pública.

La imputada escuchó la lectura del hecho atribuido y de las reglas de conducta, manifestó comprender el alcance de la medida y aceptó su aplicación. También reconoció su firma en el acuerdo y las consecuencias de un eventual incumplimiento.

La donación fue aceptada como reparación del daño y deberá acreditarse ante la OGJ dentro de los treinta días posteriores a la audiencia. Cavallero también ordenó comunicar la medida al Registro Nacional de Reincidencia.

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