Ordenan preservar los registros de tierras rurales bonaerenses en manos extranjeras
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo 4 de La Plata ordenó al gobierno nacional preservar la información sobre tierras rurales de la provincia de Buenos Aires, necesaria para identificar su ubicación, extensión y titularidad extranjera. La medida cautelar respondió a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en el marco de la controversia por la derogación de la Ley de Tierras.
La resolución otorgó al Ministerio de Justicia de la Nación un plazo de cinco días para informar cuándo se actualizaron las bases de datos sobre esos inmuebles. También dispuso garantizar la conservación íntegra de los registros recolectados durante los últimos 15 años, mientras regía la norma.
El alcance de la decisión se concentra en el resguardo y la disponibilidad de esa información. No resuelve la discusión de fondo sobre la derogación de la ley ni establece, por sí misma, la restitución de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
La Defensoría había presentado un amparo para evitar que se perdieran los registros y los mapas dominiales utilizados para conocer quiénes poseen las tierras rurales bonaerenses. Su planteo también buscó sostener los mecanismos de control vinculados con esos datos.
Según un comunicado del organismo provincial, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de la información podría provocar un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia. Ese riesgo fue el fundamento informado para disponer su preservación.
El conflicto se inscribe en los cambios impulsados por el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que incluyó la derogación de la Ley de Tierras. La información alcanzada por la cautelar había sido reunida bajo el régimen que establecía límites a la titularidad extranjera de inmuebles rurales.
La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, vinculó su presentación con la necesidad de proteger el conocimiento del territorio y el ambiente. En particular, señaló a Campana y Zárate como distritos con alta concentración de titularidad extranjera y advirtió sobre los riesgos de debilitar los controles.
Con esta resolución, el Ministerio de Justicia deberá dar precisiones sobre la actualización de las bases y asegurar la conservación de los antecedentes, mientras continúa la controversia sobre el régimen de acceso extranjero a las tierras rurales.
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