Intercambio de bebés en 1977: Córdoba indemnizará a dos familias
El Estado de Córdoba deberá indemnizar a dos familias luego de que la Justicia determinara que dos bebés nacidas en 1977 fueron intercambiadas en un hospital provincial y entregadas a familias que no correspondían.
La causa se conoció después de que una de las madres decidiera realizar un examen de ADN junto a la mujer que había criado como hija. El resultado confirmó que no existía vínculo biológico entre ambas, lo que derivó en una presentación judicial para reclamar una reparación por los daños ocasionados.
La resolución fue dictada por el juez Civil y Comercial de 35ª Nominación de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, quien estableció una indemnización económica de entre 25 y 30 millones de pesos para cada familia, además de los intereses correspondientes.
Según explicó el magistrado en su fallo, las instituciones sanitarias tienen la obligación de garantizar medidas de seguridad tanto durante el nacimiento como en el momento posterior, especialmente en la identificación y entrega de los recién nacidos a sus familias.
De acuerdo con la información judicial, las dos niñas habían nacido el mismo día y en el mismo centro de salud. La hipótesis analizada en el expediente sostiene que una falla en el procedimiento permitió que fueran entregadas a familias diferentes.
El caso permaneció sin conocerse durante más de cuatro décadas, hasta que las dudas de una de las madres llevaron a la realización de una prueba genética. Tras el resultado negativo, comenzó un proceso judicial para determinar responsabilidades y establecer una compensación.
Por otro lado, la resolución no detalla en la información disponible si existieron sanciones administrativas contra trabajadores del establecimiento donde ocurrió el intercambio ni si hubo una investigación interna posterior.
La causa pone nuevamente en discusión la importancia de los protocolos de identificación neonatal y los controles que deben aplicarse en maternidades para evitar errores con consecuencias familiares y personales a largo plazo.
La sentencia abre ahora una etapa vinculada al cumplimiento de la indemnización y al seguimiento de la situación de las familias afectadas.