Fiscalía pidió 16 años por un caso de abuso sexual en Bombal
El Ministerio Público de la Acusación solicitó una pena de 16 años de prisión efectiva para un hombre juzgado en Melincué por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y amenazas. La presentación fue realizada por el fiscal Julián Cochero durante los alegatos finales del juicio oral.
Según la acusación, los hechos habrían comenzado cuando la víctima todavía era menor de edad y vivía junto a su familia en Rosario. Posteriormente, tras el traslado del grupo familiar a Bombal, en el departamento Constitución, los episodios denunciados habrían continuado.
La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechaba momentos en los que quedaba a solas con su hijo. De acuerdo con esa hipótesis, las situaciones se habrían repetido durante un período superior a diez años.
Se trata de hechos que forman parte de la acusación y que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, todavía deben ser considerados como una versión no confirmada por una sentencia definitiva.
Una amenaza incluida en la acusación
Entre las conductas atribuidas al imputado también aparece un episodio que habría ocurrido en febrero de 2019 en Bombal.
Según indicó la Fiscalía, cuando la víctima manifestó su intención de contar los abusos que denunciaba haber sufrido, el acusado habría utilizado un cuchillo para amenazarlo de muerte.
Este episodio fue incorporado al proceso como parte del delito de amenazas que también se le atribuye.
Por otro lado, antecedentes periodísticos de la causa indican que la investigación comenzó en 2019 y que posteriormente se ordenó la captura del acusado. El hombre fue detenido en 2025 y quedó en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial.
El pedido de 16 años
Durante los alegatos, Cochero solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva. Para determinar la pena requerida, el Ministerio Público tuvo en cuenta las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Además, la Fiscalía consideró el vínculo familiar, la duración atribuida a los hechos y las consecuencias psicológicas que, según la acusación, habría sufrido la víctima.
En este marco, el Ministerio Público remarcó que los delitos investigados se habrían desarrollado dentro de una relación familiar y de convivencia.
Hasta el momento, la información disponible no incluye los argumentos desarrollados por la defensa durante los alegatos. Por ese motivo, no resulta posible incorporar su posición sin contar con una fuente que permita reproducirla con precisión.
El proceso quedó ahora a la espera de la resolución judicial. Será el tribunal el encargado de determinar si los hechos planteados por la acusación quedaron acreditados y, en caso de una eventual condena, establecer la pena correspondiente.