Argentina inició procedimientos contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en Malvinas
El Gobierno nacional informó este viernes 4 de septiembre que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y, según explicó el Ejecutivo, se tomó por instrucción del presidente Javier Milei. Los expedientes buscan determinar eventuales incumplimientos del artículo 2° de la Ley 26.659, normativa argentina que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.
La medida no está dirigida únicamente contra las petroleras que participan directamente de los proyectos. Según indicó el Gobierno, también podrían quedar comprendidos accionistas de esas compañías y empresas que hayan prestado servicios necesarios para desarrollar las operaciones.
El comunicado no difundió la identidad completa de los 45 sujetos involucrados ni detalló qué sanción correspondería a cada uno. Además, la apertura del procedimiento no implica, por sí misma, que exista una sanción definitiva: se trata de una instancia destinada a investigar responsabilidades y determinar posteriormente las medidas que pudieran corresponder.
La decisión se produce en medio de una nueva escalada alrededor del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las islas y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Navitas controla el 65% del emprendimiento y Rockhopper el 35%, según información difundida por Reuters.
Por otro lado, ambas compañías rechazaron los cuestionamientos argentinos. En una declaración conjunta sostuvieron que trabajan mediante licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Gobierno británico. Además, señalaron que no esperan que las medidas anunciadas por Argentina tengan un efecto material sobre el cronograma de Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028.
La posición argentina es diferente. Buenos Aires sostiene que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa necesita autorización nacional y considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades isleñas.
En este marco, el comunicado presidencial reafirmó el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Ejecutivo presentó la medida como parte de una estrategia destinada a impedir la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
El conflicto combina así dimensiones jurídicas, económicas y diplomáticas. Mientras Argentina intenta aumentar el costo de participar en los proyectos hidrocarburíferos, las compañías involucradas mantienen su decisión de avanzar con Sea Lion y cuentan con el respaldo británico.
Las próximas etapas del procedimiento serán centrales para establecer quiénes integran formalmente la lista de 45 sujetos, qué cargos se atribuyen individualmente y cuáles serán las sanciones concretas que finalmente disponga el Estado argentino.