Una consultora analizó el “shutdown” que Milei busca adaptar a la Argentina
El Gobierno nacional analiza impulsar un mecanismo similar al denominado “shutdown” de Estados Unidos, mediante el cual podrían suspenderse temporalmente algunas actividades estatales cuando se agoten las partidas presupuestarias o se ponga en riesgo el equilibrio fiscal.
La propuesta fue analizada por Epyca Consultores, dirigida por el economista Martín Kalos. Según el informe, la versión argentina tendría una diferencia central con el sistema estadounidense: no se aplicaría únicamente cuando el Congreso no aprueba un presupuesto, sino también cuando la ejecución del gasto pueda generar déficit.
Por el momento, el Ejecutivo no difundió el proyecto completo. Por ese motivo, todavía no se conoce con precisión qué organismos, actividades o servicios podrían quedar alcanzados por una eventual suspensión.
De acuerdo con la información disponible, continuarían funcionando las áreas consideradas esenciales. Entre ellas estarían el pago de jubilaciones, los programas sociales, los vencimientos de deuda pública y los gastos relacionados con seguridad y defensa.
El Congreso tendría inicialmente la facultad de determinar qué actividades deberían interrumpirse. En caso de que el Poder Legislativo no tome una decisión, esa potestad podría quedar en manos del Ejecutivo.
La medida requeriría una modificación de la Ley de Administración Financiera 24.156, sancionada en 1992. Esa normativa regula la elaboración del presupuesto, el control del gasto público y la administración de los recursos del Estado nacional.
Desde Epyca sostuvieron que el “shutdown a la argentina” representa el tercer intento del Gobierno de establecer por ley una regla de equilibrio fiscal permanente.
El primero fue incorporado en el proyecto de Presupuesto 2025. Allí se proponía que cualquier caída de los ingresos públicos debía ser compensada con una reducción equivalente de los gastos.
El segundo intento fue el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que incluía sanciones para los funcionarios que autorizaran emisión monetaria. La iniciativa no logró avanzar en el Congreso.
El nuevo planteo estaría acompañado por una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y por un esquema de sanciones relacionadas con la emisión de dinero. El Gobierno considera que la actual composición del Congreso podría facilitar el tratamiento de estas iniciativas.
El informe de Epyca también plantea que el mecanismo podría utilizarse para evitar aumentos del gasto derivados de leyes sancionadas por el Congreso, como las vinculadas al financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad. Sin embargo, esa interpretación corresponde a la consultora y no fue confirmada oficialmente.
Para los habitantes del sur de Santa Fe, el debate podría tener incidencia directa si una eventual reducción presupuestaria alcanza a universidades, organismos nacionales, programas sociales o servicios públicos que funcionan en la región.