Tarjetas oficiales y una caja millonaria bajo la lupa
La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó de manera significativa el Fondo Rotatorio destinado a gastos operativos de la Casa Rosada. Según información oficial, el monto pasó de $471 millones en 2025 a más de $1.135 millones en 2026, lo que representa un aumento cercano al 141%.
La ampliación fue establecida mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia funcionaria. El fondo permite afrontar gastos vinculados a viáticos, servicios, bienes de consumo y otras erogaciones operativas. Además, se autorizó la realización de operaciones individuales de hasta $50 millones, con excepciones para determinados rubros, entre ellos los viajes presidenciales.
En respuesta a un pedido de acceso a la información pública, Presidencia confirmó la existencia de 140 tarjetas recargables, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma de administración financiera del sistema. Sin embargo, no entregó información sobre consumos, comercios, montos gastados, proveedores ni comprobantes respaldatorios.
Entre los nombres que aparecen asociados a tarjetas oficiales figuran la propia Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y Eduardo “Lule” Menem. También se identifican funcionarios vinculados a la administración del Fondo Rotatorio y a la gestión de las tarjetas corporativas.
La documentación oficial señala además que la plataforma utilizada, provista por el Banco de la Nación Argentina, permite consultar en línea consumos, movimientos, comercios y detalles de cada operación. No obstante, esa información no fue incluida en la respuesta oficial.
Otro de los puntos destacados es que la Dirección de Sumarios reconoció la existencia de una investigación administrativa relacionada con el uso de tarjetas corporativas. Según se informó, el expediente concluyó sin detectar perjuicio fiscal, aunque no se difundieron detalles sobre los hechos analizados ni la documentación correspondiente.
La situación genera interrogantes debido a que los procedimientos internos exigen rendiciones respaldadas con comprobantes, expedientes electrónicos y registros presupuestarios. Pese a ello, el detalle de los gastos realizados con fondos públicos continúa sin ser divulgado.