Denuncia por vínculos entre consultora y empresas del Estado
Una denuncia judicial presentada por la diputada nacional Marcela Pagano puso bajo análisis a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos de su consultora y sus posibles vínculos con empresas relacionadas al Estado.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, donde se investiga si existió un conflicto de intereses a partir de relaciones comerciales entre firmas privadas y organismos públicos.
Según el escrito, uno de los ejes centrales es un supuesto “circuito triangular” entre una petrolera estatal, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. En ese marco, se detallan capacitaciones brindadas por la consultora a directivos de la naviera entre 2024 y 2025 por más de 6 millones de pesos.
Desde la empresa involucrada aclararon que su vínculo con la petrolera estatal lleva más de 28 años y señalaron que Adorni fue designado en el directorio recién en 2026, es decir, después de las capacitaciones cuestionadas.
Por otro lado, la denuncia también menciona la licitación del predio de Tecnópolis, valuada en unos 183.000 millones de pesos. Allí aparece el Grupo Foggia, vinculado a DirecTV Argentina, que —según la presentación— sería cliente de la consultora, lo que podría representar otro posible conflicto.
En el expediente se incorporan además otras empresas, como el Grupo Datco, que presta servicios a organismos públicos como AySA, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, entre otros. Para la denunciante, estos vínculos refuerzan la hipótesis de una red de relaciones con proveedores estatales.
Asimismo, el escrito apunta a presuntas irregularidades en licitaciones de servicios de comunicación oficial, donde se habrían detectado conexiones entre distintas empresas que participaron del proceso.
Finalmente, la presentación solicita investigar la evolución patrimonial de Adorni y plantea similitudes con causas judiciales anteriores vinculadas a estructuras empresariales familiares.
La Justicia deberá determinar ahora si los vínculos mencionados responden a actividades privadas legítimas o si configuran irregularidades en la relación entre el sector público y el privado.