Sociedad Por: SOFIA ZANOTTI17/12/2025

Condenaron al dueño de tres bares por trata sexual

El empresario recibió 6 años y medio de prisión por explotar a una mujer y facilitar la prostitución de otras 15. Un policía federal también fue condenado.

El Tribunal Oral Federal N.º 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Walter Rivero, dueño de tres bares del barrio porteño de San Nicolás, por trata sexual de una mujer y promoción de la prostitución de otras 15 víctimas. La pena impuesta fue de 6 años y 6 meses de prisión.

Los hechos ocurrieron entre marzo de 2011 y septiembre de 2012 en los locales Classic Irish Pub, Keops y Kir Royal, donde, según acreditó la Justicia, Rivero explotó sexualmente a una mujer y facilitó el ejercicio de la prostitución de otras personas.

En el mismo juicio, también fue condenado Cristián José Bernal, efectivo de la Comisaría 3ª de la Policía Federal, a 3 años de prisión por el delito de cohecho pasivo, en concurso ideal con la promoción y facilitación de la prostitución ajena, en calidad de partícipe secundario. La investigación determinó que él y otro policía —fallecido durante el proceso— recibían dádivas para proteger el funcionamiento de los locales.

El juicio oral comenzó en diciembre de 2023 y unificó dos causas. El tribunal estuvo integrado por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grünberg. A lo largo del debate declararon 105 testigos, y los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 18 de marzo de 2026.

Otros dos acusados, encargados de los bares, fueron absueltos tras el pedido de los fiscales, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Además, el tribunal resolvió postergar el tratamiento de la reparación del daño, tanto para la hija de la denunciante —fallecida en 2011— como para las demás víctimas detectadas durante los allanamientos. También se dispuso que la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) contacte a las mujeres que se encontraban en los locales al momento de los procedimientos.

La causa se originó a partir de una investigación de la entonces UFASE, hoy PROTEX, que en marzo de 2011 realizó allanamientos en más de un centenar de locales nocturnos que operaban bajo apariencia legal. En uno de ellos se halló a la víctima de trata, quien declaró que había sido captada desde 2008 mediante una falsa oferta laboral y forzada, bajo amenazas y violencia, a mantener relaciones sexuales.

Según su testimonio, en al menos dos oportunidades intentó escapar, pero regresó por el temor a las amenazas y por los vínculos de los imputados con fuerzas de seguridad, lo que reforzaba su situación de vulnerabilidad.

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