Milei reduce la inversión educativa al nivel más bajo de la década

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso plantea una fuerte reducción en la inversión nacional destinada a Educación y Cultura, que alcanzará apenas el 0,75% del PBI, el nivel más bajo en diez años. La cifra implica un cambio estructural en el financiamiento educativo, ya que deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso mínimo del 6% del producto bruto.

Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2026” elaborado por Argentinos por la Educación, el gasto real en educación cayó de $12,9 billones en 2015 a $6,2 billones en 2025, y aunque el Gobierno proyecta una leve mejora del 8% real para el próximo año, el sector pierde peso dentro del gasto total del Estado. La función “Educación y Cultura” representará solo el 5,3% del Presupuesto 2026, muy por debajo de Seguridad Social y Deuda Pública.

El ajuste también impactará en la infraestructura escolar, la formación docente y los programas tecnológicos, con reducciones de hasta 63% en términos nominales. En contrapartida, el Plan Nacional de Alfabetización recibirá un aumento del 78,9% nominal, enfocado en la extensión de la jornada escolar, aunque con menos fondos para capacitación y materiales pedagógicos.

En el caso de las universidades nacionales, que concentran el 77% del presupuesto educativo, la suba proyectada es mínima —0,8% real—, lo que podría transformarse en una caída si la inflación supera la estimación oficial del 13,8%.

Especialistas como Javier Curcio (UBA–CONICET) advierten que el retroceso “es estructural” y reclaman recuperar el consenso político para garantizar un financiamiento educativo estable. Por su parte, Osvaldo Giordano, del IERAL, señaló que “el desafío es pasar de un ajuste rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad”.

El Presupuesto 2026 marca así un punto de inflexión en la política educativa argentina: un modelo con menos inversión pública y mayor discrecionalidad en la asignación de recursos, bajo la premisa de “eficiencia estructural”, pero con riesgos para la equidad y el acceso a la educación en todo el país.