SOFIA ZANOTTI
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso plantea una fuerte reducción en la inversión nacional destinada a Educación y Cultura, que alcanzará apenas el 0,75% del PBI, el nivel más bajo en diez años. La cifra implica un cambio estructural en el financiamiento educativo, ya que deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso mínimo del 6% del producto bruto.
Según el informe “Presupuesto educativo nacional 2026” elaborado por Argentinos por la Educación, el gasto real en educación cayó de $12,9 billones en 2015 a $6,2 billones en 2025, y aunque el Gobierno proyecta una leve mejora del 8% real para el próximo año, el sector pierde peso dentro del gasto total del Estado. La función “Educación y Cultura” representará solo el 5,3% del Presupuesto 2026, muy por debajo de Seguridad Social y Deuda Pública.
El ajuste también impactará en la infraestructura escolar, la formación docente y los programas tecnológicos, con reducciones de hasta 63% en términos nominales. En contrapartida, el Plan Nacional de Alfabetización recibirá un aumento del 78,9% nominal, enfocado en la extensión de la jornada escolar, aunque con menos fondos para capacitación y materiales pedagógicos.
En el caso de las universidades nacionales, que concentran el 77% del presupuesto educativo, la suba proyectada es mínima —0,8% real—, lo que podría transformarse en una caída si la inflación supera la estimación oficial del 13,8%.
Especialistas como Javier Curcio (UBA–CONICET) advierten que el retroceso “es estructural” y reclaman recuperar el consenso político para garantizar un financiamiento educativo estable. Por su parte, Osvaldo Giordano, del IERAL, señaló que “el desafío es pasar de un ajuste rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad”.
El Presupuesto 2026 marca así un punto de inflexión en la política educativa argentina: un modelo con menos inversión pública y mayor discrecionalidad en la asignación de recursos, bajo la premisa de “eficiencia estructural”, pero con riesgos para la equidad y el acceso a la educación en todo el país.
