El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica
El Ejecutivo dispuso la venta del 44 % de las acciones de NASA, aunque mantendrá el control mayoritario. La oposición en el Congreso anticipa resistencia.
El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La medida contempla la venta del 44 % de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, junto con un Programa de Propiedad Participada del 5 % destinado a trabajadores. De esta manera, el Estado nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) conservarán el 51 % de las acciones, asegurando el control mayoritario.
Actualmente, la composición accionaria de NASA es 79 % Estado nacional, 20 % CNEA y 1 % Energía Argentina S.A. (ENARSA). El nuevo esquema prevé además la transferencia del 1 % de ENARSA al Estado y el traspaso de 0,01 % de NASA en ENARSA.
Según el Ejecutivo, la decisión busca atraer capital privado para financiar proyectos estratégicos como la extensión de vida útil de Atucha I, prevista para 2027, y la finalización del sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II. También se plantea reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la compañía.
En 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. El Gobierno reconoce la capacidad técnica de la empresa, pero sostiene que nuevas inversiones requieren la participación de socios privados.
El proceso será ejecutado por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo los lineamientos de la Ley 23.696. Además, la Secretaría de Trabajo deberá evaluar la viabilidad del Programa de Propiedad Participada, y se enviará un informe a la Comisión Bicameral del Congreso.
En paralelo, bloques de la oposición anticiparon que resistirán la iniciativa en el Parlamento, al considerar que se trata de una medida que afecta el control estratégico del sector energético nacional.
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