Escándalo en Andis: allanamientos, audios y prohibición de salida del país por coimas en medicamentos
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó en las últimas horas nuevos capítulos de alto voltaje político y judicial. La Policía de la Ciudad allanó la vivienda de Diego Spagnuolo, exfuncionario recientemente desplazado de su cargo y protagonista de los audios filtrados que describen un esquema de presuntas coimas en la compra de medicamentos.
Durante el operativo, los agentes interceptaron a Spagnuolo cuando intentaba salir con su camioneta en un barrio privado de Pilar. En su domicilio secuestraron una máquina de contar dinero, una pila de billetes y un iPhone al que el exfuncionario se negó a entregar la clave.
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó más de 15 allanamientos en domicilios particulares, oficinas de la Andis y en la droguería Suizo Argentina, señalada como proveedora central en la trama. En uno de esos procedimientos, los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —accionistas de la empresa— quedaron en la mira: a uno de ellos le secuestraron 200.000 dólares y más de 7 millones de pesos en efectivo, además de documentación y teléfonos.
La Justicia dispuso la prohibición de salida del país tanto para Spagnuolo como para otros exfuncionarios y empresarios involucrados. Entre las pruebas más relevantes se encontraron solicitudes de pago por más de 10.800 millones de pesos, además de computadoras, pendrives y cajas con documentación que serán analizadas por la Dirección General de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal.
Los audios, que circulan desde la semana pasada, aluden directamente a figuras cercanas al presidente Javier Milei, entre ellas su hermana Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, señalados como parte del presunto circuito de recaudación ilegal. Aunque el Gobierno evitó pronunciarse en detalle, el caso genera un fuerte impacto político al quedar expuesta la Andis, organismo clave en materia de políticas de discapacidad.
La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, apunta ahora a descifrar el contenido de los celulares secuestrados y la documentación incautada. Mientras tanto, la falta de respuestas oficiales mantiene abierta la tensión en un expediente que promete nuevas derivaciones.