Milei enfrenta en Diputados vetos clave con impacto fiscal
El Congreso debate este miércoles los vetos presidenciales a leyes previsionales, de discapacidad y fondos para provincias. El resultado podría alterar las metas fiscales acordadas con el FMI.
La Cámara de Diputados tratará este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a un paquete de leyes que incrementan jubilaciones, restablecen la moratoria previsional y crean un régimen de ayuda para personas con discapacidad. El debate se da en un clima de tensión, ya que el oficialismo buscará impedir que la oposición insista con las normas, lo que elevaría el gasto público.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal anual de estas medidas alcanzaría 1,46% del PBI en 2026 y 0,4% en lo que resta de 2025. En caso de sumarse las iniciativas para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, el impacto podría escalar hasta 1,7% del PBI en 2026 y 0,7% este año.
En el caso de las jubilaciones, la ley sancionada prevé un aumento del 7,2% y un bono de $110.000, con un costo de más de $3 billones anualizados. La moratoria previsional implicaría $3,5 billones adicionales, mientras que la asistencia a personas con discapacidad representaría entre $2,4 y $4,3 billones, dependiendo de la cantidad de beneficiarios alcanzados.
El oficialismo también vetó una ley que otorgaba $200.000 millones a Bahía Blanca por la reciente inundación, alegando que la ayuda ya fue establecida mediante decreto.
En paralelo, diputados de la Libertad Avanza impulsan un dictamen de minoría para moderar los cambios en la distribución de los ATN y de los fondos por combustibles. La oposición, con apoyo de gobernadores, impulsa un esquema que aumentaría la coparticipación para las provincias en detrimento del Tesoro Nacional.
El resultado de la sesión es observado de cerca por los mercados y el FMI, dado que las metas fiscales pactadas con el organismo establecen un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025 y de 2,2% en 2026. Un incremento del gasto podría poner en riesgo esos compromisos.
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