¿Cierre total, prórroga o extraordinarias? El Gobierno evalúa alternativas para evitar un duro golpe en el Congreso
El oficialismo busca evitar el rechazo del DNU 846 que le otorga facultades para renegociar deuda sin el aval del Congreso, a costa de postergar el presupuesto 2025. Gobernadores bajo presión para desarticular la próxima sesión parlamentaria.
El Gobierno de Javier Milei se enfrenta a un escenario complejo en el Congreso, con la prioridad absoluta de evitar que se rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846, que habilita al Poder Ejecutivo a renegociar deuda sin la necesidad de la aprobación parlamentaria. Este DNU es considerado clave por el oficialismo, ya que le permitirá al Gobierno contar con liquidez para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2025. En este contexto, el Gobierno está dispuesto a avanzar rápidamente con el presupuesto 2025, incluso si ello implica no lograr su aprobación antes del cierre del período legislativo ordinario el 30 de noviembre.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, afirmó que no se convocará a extraordinarias y relativizó la importancia de contar con un presupuesto aprobado para el próximo año, enfatizando que el Gobierno funcionará con el presupuesto de 2023 en caso de no conseguir la sanción. A pesar de la falta de urgencia en la sanción del presupuesto, lo cierto es que el oficialismo prioriza la aprobación del DNU 846, ya que su rechazo podría generar graves consecuencias económicas para el país.
Por otro lado, la oposición ha avanzado en la convocatoria a una sesión especial en Diputados para discutir ambos proyectos: el DNU 846 y la reforma que limita el uso de los DNU presidenciales. Con el respaldo de la mayoría, la oposición podría poner en jaque los intereses del oficialismo. Frente a este escenario, el Gobierno ha intensificado las presiones sobre los gobernadores, advirtiendo que no se aprobarán modificaciones solicitadas por sus legisladores si votan a favor de la limitación del uso de los DNU o la derogación del DNU 846.
La situación es aún más compleja en el Senado, donde las posibilidades de que el DNU 846 sea rechazado se perciben altas, mientras que la reforma para limitar el uso de los DNU podría quedar en el limbo hasta 2025. El oficialismo se enfrenta a un dilema : evitar el rechazo del DNU a toda costa o ceder ante la presión de la oposición para modificar las herramientas presidenciales en materia de gobernanza.
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