Economía Por: SOFIA ZANOTTI15/10/2024

La Justicia británica condena a Argentina a pagar 1.300 millones de euros por manipulación de datos

La Corte Suprema del Reino Unido desestima la apelación argentina, permitiendo que se ejecute una garantía de 313 millones de euros. La sentencia se relaciona con cambios en el cálculo del PIB durante el gobierno de Cristina Fernández.
Otra condena al país por la manipulación de datos durante el último gobierno de Cristina Fernández.

En un fallo significativo, la Corte Suprema del Reino Unido ha rechazado la apelación de Argentina, condenando al país a pagar 1.300 millones de euros a bonistas por manipulación de estadísticas públicas. Esta decisión permite la ejecución de una garantía de 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo mediante una carta de crédito emitida por el Banco Santander.

El especialista Sebastián Maril informó a través de su cuenta en X que el gobierno de Javier Milei ahora enfrenta la decisión de abonar la sentencia, que asciende a 1.330 millones de euros más los intereses correspondientes. La controversia tiene su origen en una demanda presentada por cuatro fondos de inversión que poseían títulos emitidos en el canje de 2005. Estos fondos argumentaron que Argentina modificó la metodología de cálculo de su PIB en 2013 para evitar que este superara el umbral del 3,3. % anual, lo que habría obligado al país a pagar un adicional a los acreedores.

La modificación en el cálculo del PIB ocurrió durante el mandato de Axel Kicillof como ministro de Economía y bajo la supervisión del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien estaba vinculado a la manipulación de estadísticas en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). . Para el último trimestre de 2013, el nuevo cálculo arrojó un crecimiento del 3,2%, un ajuste que los acreedores consideran intencional.

Los demandantes llevaron su caso ante los tribunales londinenses, donde lograron una sentencia a su favor, confirmando que Argentina había alterado los datos con el fin de perjudicar a los tenedores de bonos.

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