ADEPA denuncia censura previa tras fallo judicial que prohíbe hablar de Jorge Lanata
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) criticó duramente la reciente medida judicial que impide a los medios informar sobre la salud del periodista Jorge Lanata y el conflicto familiar que lo rodea, calificándola como una clara violación a la libertad de expresión.
En un comunicado emitido este viernes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su fuerte rechazo al fallo emitido por un tribunal que prohíbe a los medios de comunicación divulgar información sobre la situación del periodista Jorge Lanata y el conflicto familiar que involucra a sus hijas y su esposa, Elba Marcovecchio. La entidad calificó la decisión como un caso de "censura previa", advirtiendo que atenta contra la libertad de prensa garantizada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Según ADEPA, la prohibición de difundir información sobre Lanata contraviene el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que prohíben explícitamente la censura previa. La entidad señaló además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que cualquier medida que impida el ejercicio de la libertad de expresión antes de la publicación constituye censura.
El organismo periodístico hizo referencia a casos históricos como el fallo sobre la película "La Última Tentación de Cristo" en Chile, donde se declaró inconstitucional una medida que impedía su proyección. ADEPA enfatizó que los periodistas deben asumir la responsabilidad por lo que publican, pero que dicha responsabilidad solo puede exigirse una vez que la información haya sido difundida, y no antes.
En cuanto al conflicto familiar, las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, presentaron una solicitud ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia Nº 8 para que se prohíba a los medios de comunicación informar sobre la salud de su padre, quien lleva tres meses internado debido a problemas de salud. El tribunal accedió al pedido, lo que desató la respuesta de ADEPA, que alerta sobre los riesgos que esta decisión podría representar para la democracia y el libre debate público.
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