Escándalo en el Ministerio: 12 millones de paquetes de yerba mate "no aptos" para el consumo

El fiscal Gerardo Pollicita ha iniciado una investigación de alto perfil sobre la compra de doce millones de paquetes de yerba mate adquiridos por el ex Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentran bajo sospecha de no cumplir con los estándares de calidad y seguridad necesarios para el consumo humano.

La denuncia, presentada por Leila Daniela Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, alega que estos paquetes de yerba mate contenían sustancias nocivas como "parénquima, parénquima lagunoso y cristales de oxalato de calcio", que son potencialmente peligrosas para la salud. Según el informe de la Bioquímica Raquel María Fretes, la yerba en cuestión no cumple con los requisitos establecidos por la normativa IRAM 20531:2015.

El fiscal Pollicita ha solicitado una serie de medidas para avanzar en la investigación, incluyendo:

• La remisión de antecedentes y detalles sobre las auditorías realizadas al Ministerio de Capital Humano.
• La investigación sobre Proveeduría Integral MC SRL por posibles irregularidades en una licitación.
• Una pericia técnica urgente sobre la yerba cuestionada para determinar su aptitud para el consumo humano.

El proceso de adquisición de la yerba mate se realizó sin los controles del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), delegando la evaluación técnica en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la cual, según Gianni, tenía un vínculo económico y político con las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social.

La investigación ha puesto en la mira a varios funcionarios públicos, entre ellos la ex Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el ex Jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ex Secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano. Las empresas implicadas en la licitación, Compañía Comercial Mayorista SRL, Ignacio Kleñuk y Hugo Holowaty, también están bajo investigación.

Este escándalo revela serias irregularidades en la adquisición de productos destinados a la asistencia social durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández, generando una creciente preocupación sobre la integridad de las prácticas administrativas en el país.