"Cañada del Ucle en espera: La lucha de una comunidad por un cajero automático"
A más de 4 años de solicitudes, la falta de un cajero automático en Cañada del Ucle, Santa Fe, ha llevado a sus habitantes a realizar largos trayectos para acceder a sus fondos, generando un debate sobre la inclusión financiera en las comunidades rurales.
La falta de acceso a servicios financieros básicos ha generado un dilema persistente en la pequeña localidad de Cañada del Ucle, ubicada a 120 kilómetros de Rosario, Santa Fe. Con una población cercana a los mil habitantes, la ausencia de un cajero automático ha obligado a sus residentes a desplazarse hasta Firmat, a 12 kilómetros de distancia, para realizar operaciones bancarias básicas.
El presidente comunal, Orlando Pruzzo, ha expresado su frustración ante la situación, destacando el impacto especialmente duro en los jubilados locales. "Nuestros jubilados que cobran la mínima tienen que gastar cinco mil pesos en un remis para ir a Firmat a cobrar porque no pueden hacerlo en Cañada del Ucle", lamenta Pruzzo.
A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades locales, los bancos y las instancias provinciales, la instalación de un cajero automático parece estar estancada. La falta de incentivos financieros para las entidades bancarias en comunidades rurales de baja densidad poblacional ha contribuido a esta situación, dejando a los residentes de Cañada del Ucle en una situación de desventaja económica y logística.
Mientras tanto, otras localidades cercanas han logrado obtener acceso a servicios financieros básicos. Ejemplos como Labordeboy y Lucio V. López, a través de esfuerzos coordinados entre las autoridades locales y las entidades bancarias, han logrado superar obstáculos similares y proporcionar a sus residentes la comodidad de un cajero automático en su propio vecindario.
En un contexto donde la inclusión financiera se ha convertido en una prioridad, la situación de Cañada del Ucle pone de relieve la necesidad de políticas y acciones concretas para garantizar que todas las comunidades, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica, tengan acceso equitativo a los servicios financieros básicos.
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