Finalmente poco después del mediodía de hoy la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa consensuó la decisión de recomendar la suspensión por seis meses sin goce de sueldo del fiscal del MPA de Venado Tuerto, Mauro Blanco. A la vez, como era esperable pidieron la destitución de Gustavo Ponce Asahad del MPA de Rosario, quien actualmente está detenido en el marco de una causa que investiga el juego ilegal. Dichos dictámenes serán elevados a la asamblea conjunta de ambas cámaras quienes deberán decidir al respecto.

Cabe recordar que Blanco fue acusado de tener un vínculo noc sancto con un comercializador de drogas. Ambos aparecen en escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia Federal intercambiando información reservada del MPA sobre allanamientos y a la vez coordinan para compra de “revistas”. También se detectó, a través de escuchas y en los seguimientos, la presencia del fiscal provincial en la casa del “vendedor”, quien tiempo después fue allanado con secuestro de drogas y armas.

De este modo, posterior al largo debate  en la Comisión de Acuerdos que ya lleva varios meses, se logró consensuar la decisión que recomienda la suspensión por 180 días. Aunque los legisladores se resguardaron la opción de cambiar el dictamen y pedir directamente la destitución de Blanco si aparecen nuevas evidencias en el marco de las causas judiciales.

No fue fácil lograr dicho consenso ya que desde un principio el senador peronista Joaquín Gramajo, quien fue el miembro acusador, había sugerido pedir la destitución de Blanco. Lo mismo apoyaban sus pares del partido, pero dentro del Frente Progresista fue el senador, Lisandro Enrico (integra la Comisión de Acuerdo), el que encabezó una cerrada defensa del fiscal venadense. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Frente Progresista tiene mayoría en Diputados y por ende en la Bicameral, encontraron la fórmula para llegar a un acuerdo con esta sugerencia de una sanción que podría convertirse posteriormente en una destitución.

El caso

A mediados de febrero de este año trascendió públicamente la presentación de la auditora general del Ministerio Público, la fiscal María Cecilia Vranicich, y el posterior apartamiento provisorio de Mauro Blanco (aunque posteriormente fue restituido en su cargo) bajo la sospecha de tener una relación con un hombre investigado por venta de estupefaciente.

Dicha sospecha fue manifestada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo en Venado Tuerto quien detalló que luego de una pesquisa ordenada por él derivada de una causa que comenzó en San Nicolás (Buenos Aires) se determinó que en escuchas telefónicas surgían conversaciones entre David R., sospechado de ser vendedor de drogas, con el fiscal Blanco.

Esas escuchas motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado, donde se observó la llegada de un hombre con las características físicas de Blanco, en un vehículo oficial del MPA. En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.

Posteriormente, fue el propio Blanco quien salió a defenderse y mediante una nota enviada a los medios de comunicación destacó que su objetivo era “limpiar mi buen nombre y el de mi familia”. De este modo, realizó un pormenorizado relato donde remarcó que era falsa la acusación que pesaba sobre él.

La  Justicia Federal en las escuchas a los teléfonos del distribuidor de drogas de Venado Tuerto, David R, captó al menos cinco conversaciones con Mauro Blanco. En esos diálogos hablan desde la aparente provisión de estupefacientes para consumo personal, hasta de allanamientos que parecen hechos a medida de los intereses del dealer, situación de detenidos e información reservada.

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