Cuando los bomberos de Victoria llegaron el fin de semana pasado a sofocar los incendios que llegaron hasta las márgenes del viaducto Rosario-Victoria, cerca de la estación del peaje, se encontraron con una sorpresa: “decenas” de caminos que salían de la ruta y llegaban hasta la costa. Es más, siguiendo esos caminos pudieron acercarse con la autobomba a algunos de los focos del fuego. Todos estaban a la vera de la traza y, en muchos casos, en cercanías se encontraban también restos de un acampe. Las quemas, y sus consecuencias sobre el medio ambiente y la seguridad vial, volvieron a advertir tanto sobre los hábitos de quienes visitan las islas, como sobre la clara ausencia de controles en un área natural protegida de 376.000 hectáreas. Casi tres veces la superficie de la ciudad de Rosario.

   “Los incendios en la zona de islas no son un problema simple, hace tiempo que estamos buscando la forma de solucionarlos”, advierte Mariano Bradanini, vocero de Caminos del Río Uruguay, concesionaria de la ruta nacional Nº 174 que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La empresa tiene a su cargo el mantenimiento y la seguridad de la calzada y las banquinas en ambas márgenes del viaducto. En ese sector, que la bajante del río dejó completamente expuesto, está prohibido estacionar o detenerse. Sin embargo, los carteles de advertencia que se colocaron en la ruta no alcanzan.

   A lo largo del corredor hay cartelería “permanente, visible y entendible que dice que está prohibido pescar, cazar, acampar o hacer fuego; incluso la ruta está alambrada y todas las semanas tenemos que hacer mantenimiento del alambrado porque para cruzarlos la gente los rompe. Semanalmente tenemos que reparar muchísimos metros de alambrado que se corta”, se queja Bradanini y señala que si bien se trabaja en conjunto con Gendarmería y la policía de Entre Ríos, “muchas veces no se termina de retirar a la gente que está en un lugar, y al poco tiempo vuelven a ingresar”.

   La ley Nº 10.671 de la provincia de Entre Ríos declara al área de islas del Paraná como una “reserva natural protegida” y la ordenanza municipal Nº 2.185 de la Municipalidad de Victoria las define como una “reserva natural de usos múltiples”. La norma se sancionó en agosto de 2003, unos tres meses antes de que se inaugure la conexión vial entre Rosario y Victoria, con el objetivo de preservar “un patrimonio virgen, unos de los pocos que aún persisten en toda la región, un pulmón de la naturaleza que no debemos descuidar bajo ningún aspecto y que en los próximos años, a raíz de la unión con Rosario (Santa Fe), se encontrará expuesta a una serie de peligros, que incluyen un cierto margen de presión” sobre terrenos en los que tienen su hábitat “una enorme variedad de animales silvestres, además de sus especiales características topográfica y su flora”, según se lee en los considerandos de la iniciativa.

 
 
Con las manos atadas

Elías Eduardo Ruda es asesor legal de la Intendencia de Victoria. Según advierte, aunque las islas están bajo jurisdicción de esa ciudad entrerriana, muchas veces la capacidad de acción del Ejecutivo se ve limitada. “En estos momentos estamos concentrados en analizar la legislación y lograr acuerdos y recursos que nos permitan a nosotros actuar”.

   Justamente, explica, una de las zonas a las cuales los inspectores municipales no pueden acceder es la de la ruta nacional Nº 174. “Allí el control está a cargo de Gendarmería. El viaducto es jurisdicción nacional y en la calzada y en unos 1.500 metros a cada lado nosotros no podemos controlar nada de lo que sucede”, remarca.

   Y afirma que en estas semanas mantuvo reuniones con autoridades de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe “con la intención de hacer algo en conjunto” para enfrentar el impacto ambiental que tiene el uso creciente de los humedales como espacios productivos o de esparcimiento. “En marzo vamos a tener un borrador pactado con las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de la Municipalidad. Nosotros tenemos poder de reglamentación y control de actividades en la zona, pero necesitamos también de las fuerzas de seguridad”, dice.

   A modo de ejemplo, señala lo que sucede cuando tienen que clausurar alguna fiesta que no cuenta con habilitación del municipio. “Tenemos muchos problemas con las fiestas que se hacen en la zona. Vamos a los paradores con el encargado de islas, el inspector municipal y tres policías y nos encontramos con mil tipos dando vueltas que nos amenazan, nos gritan: «Váyanse de acá, la van a ligar». Los inspectores no pueden estar solos, no pueden cerrar un bar, decir muchachos paren la música electrónica, dejen de tomar éxtasis y vuélvanse a Rosario".

Con los incendios, afirma, sucede lo mismo. "Para prevenirlos tenemos que tener un organismo permanente de control de fuego en la zona de islas, con recursos de jurisdicción nacional y de las dos provincias".

Las críticas

Sin embargo, desde la oposición advierten que no se trata de un problema de legislación, sino que existe una total falta de "preocupación" del municipio por los problemas ambientales. "Prefieren obviar el tema", señala Carla Almada, concejala del bloque Frente de Todos, y remarca que a casi una semana del comienzo del fuego "todavía no nos informan qué gestiones han realizado ante los organismos de control".

Según destaca, los incendios ocurridos cada vez con mayor frecuencia en las islas "son un tema complejo y de urgente tratamiento", sobre el que existen "responsabilidades compartidas" en lo que hace al control y cuidado de lo que sucede en las islas, incluido el viaducto Rosario-Victoria. "Más allá de que las islas pertenezcan a Entre Ríos, creo que es prioritario generar acciones concretas con las autoridades rosarinas, porque el uso y preservación de esta reserva natural tan valiosa nos compete fundamentalmente a las dos provincias hermanas", subraya.

Mientras tanto, el municipio de Victoria "debe extremar las medidas de seguridad, administrativas y judiciales, porque parte del problema es la gran cantidad de incumplimiento de la legislación vigente, que garanticen las condiciones necesarias para mantener resguardadas nuestras islas, que son un área natural protegida; además de exigir inmediatamente a quien corresponda que actúe".

Almada recuerda que desde el Concejo municipal se instó varias veces al Ejecutivo a gestionar ante el gobierno nacional, la Dirección de Vialidad, la concesionaria de la ruta y Gendarmería "a que se revierta la problemática, aumentando controles diarios, agregando señalización, concientizando, como también a que coordine acciones con la Municipalidad de Rosario tendientes a combatir y prevenir los incendios que se generan en las islas, promoviendo fuertemente acciones penales contra eventuales responsables de las quemas". Sin embargo, se avanzó poco en ese sentido.