Felipe Aguilera
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene previsto analizar este viernes 9 de octubre un nuevo planteo judicial relacionado con la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La presentación busca determinar si corresponde mantener abierta una acción contra la derogación de la Ley 26.737, dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Según publicó Clarín y reprodujo Sur24, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, convocó a un acuerdo extraordinario para las 9 de la mañana. La reunión podría definir el futuro de una medida cautelar solicitada para restablecer las restricciones que contemplaba la legislación anterior.
La presentación fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
Los demandantes sostienen que su acción judicial tiene fundamentos propios, vinculados con la protección ambiental y los derechos sobre territorios ancestrales de los pueblos originarios.
Este argumento busca diferenciar su expediente del iniciado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), cuyo planteo se apoyaba principalmente en la defensa de la soberanía nacional.
Ambas causas habían sido tramitadas de manera conexa por la Cámara Federal de La Plata. Sin embargo, las organizaciones consideran que una resolución procesal sobre el reclamo del CECIM no debería impedir que su presentación continúe siendo examinada.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones se encontraba un límite general del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del territorio nacional, provincial y de determinados ámbitos subprovinciales. También fijaba restricciones por nacionalidad y superficie.
El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso la derogación de esa normativa, en el marco de las medidas de desregulación económica promovidas por el Gobierno nacional.
Desde el Ejecutivo, la orientación general de estas reformas apunta a reducir restricciones a la inversión privada. En contrapartida, las organizaciones demandantes sostienen que la eliminación de los controles puede afectar intereses ambientales y territoriales.
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De acuerdo con la información difundida, Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz estarán acompañados por los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, convocados como conjueces.
La incorporación de ambos magistrados responde a diferencias sobre el tratamiento del expediente y busca permitir que el tribunal alcance los votos necesarios para adoptar una decisión.
Además, se informó que se redujo de 72 a 24 horas el plazo para presentar recusaciones contra los conjueces sorteados.
Mientras avanza la discusión judicial, bloques opositores impulsan en la Cámara de Diputados el tratamiento de la derogación del DNU 70/2023.
Se trata de dos vías diferentes: la Corte debe resolver cuestiones judiciales vinculadas con las restricciones a la propiedad rural extranjera, mientras que el Congreso puede intervenir sobre la vigencia legislativa del decreto.
Por el momento, no existe en la información fuente una resolución definitiva sobre el nuevo planteo. La decisión judicial determinará si la causa continúa en instancias inferiores o si el máximo tribunal adopta una medida sobre la cautelar solicitada.
