LLA impulsará un juicio político contra la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará un procedimiento contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de que la magistrada suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, anticipó que mantendrá reuniones con los equipos técnicos y políticos del espacio para determinar el mecanismo mediante el cual buscarán avanzar con la destitución de Pascual.

Desde el partido cuestionaron el alcance del fallo y sostuvieron que la decisión judicial interfiere con la aplicación de una norma sancionada por el Congreso Nacional. Pareja también vinculó políticamente a la magistrada con el gobierno provincial de Axel Kicillof, una afirmación partidaria que hasta el momento no fue acompañada por elementos independientes que permitan comprobar esa relación.

La controversia comenzó luego de que Pascual hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La resolución suspendió durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. La medida no derogó la legislación ni declaró su inconstitucionalidad, sino que estableció una interrupción temporal mientras se evalúan las condiciones disponibles para implementar el nuevo sistema.

Pascual explicó públicamente que uno de los principales fundamentos de su resolución es la falta de infraestructura, personal especializado y recursos para recibir a un eventual mayor número de adolescentes dentro del sistema penal bonaerense.

La Ley 27.801 estableció un nuevo régimen para adolescentes desde los 14 años y modificó el esquema anterior, que fijaba la imputabilidad penal desde los 16. La normativa fue sancionada por el Congreso Nacional en febrero de 2026.

Por otro lado, dirigentes libertarios provinciales profundizaron los cuestionamientos. El presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, sostuvo que la suspensión beneficia a quienes cometen delitos, mientras que el jefe de los diputados provinciales del espacio, Juan Osaba, calificó el fallo como político y respaldó el pedido para avanzar contra la jueza.

Esas declaraciones forman parte de la posición política de La Libertad Avanza y contrastan con los argumentos expresados por la magistrada, quien sostiene que su decisión apunta a evitar que la aplicación inmediata del régimen se produzca sin las condiciones materiales requeridas.

En este marco, el conflicto tendrá ahora dos dimensiones: la judicial, vinculada con la continuidad del hábeas corpus y la implementación de la ley, y la política, a partir de la ofensiva anunciada por LLA contra Pascual.

La discusión continuará durante las próximas semanas, mientras se define el alcance de las presentaciones contra la magistrada y el futuro de la aplicación de la normativa en la provincia de Buenos Aires.