El Gobierno nacional prepara modificaciones en el esquema de financiamiento de las universidades públicas con la intención de incorporarlas al proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre.
La propuesta todavía se encuentra en elaboración y, según trascendió, el Ejecutivo no definió los porcentajes ni la fórmula que utilizará para determinar las partidas destinadas al sistema universitario durante el próximo año.
La intención de la Casa Rosada es utilizar la discusión presupuestaria para establecer las reglas de financiamiento de 2027 y, al mismo tiempo, avanzar en una salida al conflicto que mantiene abierto con universidades y gremios.
El Ejecutivo descarta postergar el tratamiento del Presupuesto y pretende comenzar las negociaciones con los diferentes bloques una vez que el proyecto llegue a Diputados.
Dentro del oficialismo consideran que el escenario político es más favorable que el registrado durante la discusión del Presupuesto 2026, aunque reconocen que será necesario alcanzar acuerdos con gobernadores y sectores dialoguistas para garantizar su aprobación.
La estrategia apunta a llegar a septiembre con una base de respaldos parlamentarios que permita evitar negociaciones improvisadas durante la votación artículo por artículo.
Antes de ese debate, el Gobierno también intenta avanzar con otros proyectos pendientes, entre ellos modificaciones vinculadas a Zonas Frías, el denominado Súper RIGI, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal y reformas en la Ley General de Sociedades.
El financiamiento universitario continuará siendo uno de los puntos más sensibles de la negociación.
La disputa se profundizó luego de la sanción de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y del posterior Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó su aplicación a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes.
Frente a esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional inició una acción judicial.
La discusión llegó posteriormente a la Corte Suprema por una medida cautelar relacionada con artículos vinculados a salarios docentes y no docentes y programas destinados a estudiantes.
El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado al considerar que la cautelar no constituía una sentencia definitiva. De esta manera, no resolvió el fondo de la cuestión y el expediente continuó su trámite en instancias inferiores.
El Gobierno considera que parte del conflicto comenzó a modificarse después del acuerdo firmado el 10 de junio entre Nación, el CIN y los gremios universitarios.
Ese entendimiento estableció una recomposición del 24,33% de la masa salarial, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Desde el Ejecutivo interpretan que ese acuerdo permitió resolver parte de los reclamos que originaron el conflicto judicial, aunque todavía permanecen diferencias relacionadas con la recomposición correspondiente a 2024 y distintos aspectos del financiamiento estudiantil.
El objetivo ahora sería incluir dentro del Presupuesto 2027 un esquema que permita comenzar el próximo ejercicio con las partidas universitarias previamente establecidas.
Otro de los capítulos que analiza el Gobierno está relacionado con la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque las posibles modificaciones se encuentran en una etapa menos avanzada.
La normativa declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla durante un año, y contempla cuestiones relacionadas con pensiones no contributivas, prestaciones y financiamiento de prestadores.
Cualquier modificación deberá considerar que actualmente se trata de un régimen que ya está en funcionamiento.
El antecedente inmediato se produjo durante la discusión del Presupuesto 2026, cuando el oficialismo intentó modificar dentro de la ley presupuestaria aspectos relacionados tanto con universidades como con discapacidad, pero no consiguió los votos necesarios durante la votación en particular.
Ahora, la Casa Rosada buscará llegar al debate de septiembre con acuerdos previamente negociados.
Para los lectores del sur santafesino, la discusión resulta relevante por el alcance nacional del sistema universitario público y porque el Presupuesto determinará durante 2027 los recursos destinados a salarios, funcionamiento, becas y programas educativos.
