La negociación parlamentaria por las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal atraviesa dificultades en la Cámara de Diputados, principalmente por los cuestionamientos en torno a la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.
Pese a las diferencias, La Libertad Avanza mantiene la intención de conseguir dictamen de mayoría este miércoles 12 de agosto, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, uno de los principales obstáculos para cerrar los acuerdos es el antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, solicitó adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en momentos en que ambos eran investigados en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El tema generó nuevos cuestionamientos de sectores opositores, que reclaman que los funcionarios públicos sean excluidos expresamente del sistema. En la Cámara baja ya fue presentado un proyecto que plantea justamente modificar la normativa en ese sentido.
Desde La Libertad Avanza aseguran que mantienen la intención de conseguir despacho favorable y posteriormente llevar la iniciativa al recinto.
De acuerdo con las negociaciones parlamentarias conocidas hasta el momento, una de las posibilidades es tratar el proyecto el 19 de agosto, aunque también comenzó a evaluarse con mayor fuerza una sesión para el 26 de agosto.
Las fechas todavía forman parte de las conversaciones entre bloques y no fueron confirmadas formalmente.
El proyecto podría ser debatido junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La iniciativa busca modificar y ampliar el régimen de Inocencia Fiscal que ya se encuentra vigente.
El Gobierno anunció el nuevo proyecto el 22 de julio y explicó que pretende flexibilizar las condiciones de acceso al sistema de declaración jurada simplificada de Ganancias. Entre las modificaciones propuestas aparece la eliminación de los actuales límites de ingresos y patrimonio para las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
El régimen vigente establece, entre otros requisitos, ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, además de condiciones vinculadas con la categoría tributaria del contribuyente.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es facilitar que ahorros actualmente fuera del sistema financiero puedan incorporarse al circuito formal.
Durante la reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, funcionarios del Ministerio de Economía defendieron el proyecto y explicaron sus aspectos técnicos. La Cámara de Diputados confirmó oficialmente la realización de ese encuentro.
Desde sectores de la oposición cuestionaron que el esquema pueda convertirse en una suerte de “blanqueo permanente” y reclamaron mayores restricciones para los funcionarios públicos.
La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, rechazó esa interpretación.
“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, señaló durante su exposición.
También sostuvo que los funcionarios continuarán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y afirmó que el régimen no elimina las herramientas de fiscalización.
Según explicó, la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.
Durante la presentación también se puso el foco en la cantidad de moneda extranjera que los argentinos mantienen fuera del circuito financiero.
El director del Banco Central Martín Vauthier estimó que ese stock rondaría los 170.000 millones de dólares y sostuvo que podría tratarse incluso de un piso.
Como comparación, los depósitos privados en moneda extranjera dentro del sistema financiero se ubican por encima de los 40.000 millones de dólares. El Gobierno utiliza esa diferencia como uno de los principales argumentos para promover la formalización de esos ahorros.
La discusión continuará ahora en Diputados, donde el oficialismo necesita acercar posiciones para conseguir dictamen antes de intentar llevar la reforma al recinto.
