El oficialismo buscará reactivar esta semana su agenda legislativa en el Senado con dos proyectos considerados prioritarios por el Gobierno: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.
La primera iniciativa volverá al recinto el jueves 6 de agosto. Su tratamiento había quedado pendiente luego de que el Senado resolviera pasar a un cuarto intermedio durante la sesión realizada el 16 de julio.
La Libertad Avanza trabaja para reunir los votos necesarios junto con sectores dialoguistas. Aunque desde el oficialismo expresaron confianza en conseguir la aprobación, el respaldo definitivo todavía dependerá de las negociaciones que se desarrollarán durante los próximos días.
Uno de los capítulos centrales propone eliminar restricciones generales para la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La normativa vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país. También fija límites provinciales, municipales, por nacionalidad y por cantidad de hectáreas en determinadas zonas productivas.
De acuerdo con la última versión del proyecto, continuaría prohibida la compra por parte de Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera. Sin embargo, podrían existir excepciones cuando la operación cuente con autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Las adquisiciones en zonas de seguridad de frontera también necesitarían la aprobación provincial y nacional.
Además, fue retirado el mecanismo de silencio administrativo. Esa cláusula establecía que, si la Nación o una provincia no respondían dentro de los seis meses, la operación quedaba automáticamente autorizada.
El proyecto fue negociado durante las últimas semanas por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La discusión tiene especial relevancia para Santa Fe y los departamentos con fuerte actividad agrícola, como General López.
Una eventual modificación de la legislación podría cambiar las condiciones para la compra de campos por parte de inversores extranjeros y otorgar a los gobiernos provinciales una mayor participación en la autorización o el rechazo de determinadas operaciones.
El Gobierno sostiene que la flexibilización permitiría atraer capitales y desarrollar proyectos productivos. Los sectores críticos advierten, en cambio, sobre el posible avance de la extranjerización de tierras vinculadas con recursos naturales, agua y producción de alimentos.
El miércoles 5 de agosto, desde las 16, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General realizarán un plenario para analizar el Súper RIGI.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados con 130 votos positivos, 106 negativos y siete abstenciones. Ahora deberá conseguir dictamen y posteriormente ser votado por el Senado.
El régimen está destinado a proyectos que demanden inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y que estén relacionados con actividades industriales o tecnológicas nuevas o poco desarrolladas en el país.
Entre los sectores contemplados aparecen la industrialización de minerales críticos, la fabricación de baterías, la biotecnología, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los semiconductores, la inteligencia artificial, los reactores nucleares y las energías renovables.
A cambio de las inversiones, las empresas accederían a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. El Poder Ejecutivo sostiene que el esquema permitirá aumentar las exportaciones, generar empleo y desarrollar industrias de alta tecnología.
El oficialismo pretende obtener dictamen durante agosto y llevar el proyecto al recinto antes de finalizar el mes. Sin embargo, el calendario dependerá del resultado de las negociaciones con los bloques aliados.
