El debate por la reforma política que impulsa el Gobierno nacional comenzó a exponer diferencias dentro de La Libertad Avanza y también con bloques aliados en el Senado.
El punto central de la discusión es la eliminación de las PASO. Mientras el sector cercano a Karina Milei sostiene que deben eliminarse o suspenderse por completo, Patricia Bullrich analiza una salida intermedia para sumar apoyos.
La alternativa que evalúa la ministra consiste en mantener elecciones primarias, pero sin carácter obligatorio ni abierto. En ese esquema, solo podrían participar afiliados partidarios registrados, con un modelo similar al que se utiliza en Estados Unidos.
Desde el entorno de Karina Milei rechazan esa opción y defienden la idea original del Ejecutivo: reducir el calendario electoral y concentrar las elecciones nacionales.
Otro eje de conflicto es el proyecto de Ficha Limpia. Desde el PRO y la UCR pidieron que sea tratado por separado del resto de la reforma política. Ante ese planteo, Bullrich analiza habilitar dictámenes diferenciados, aunque con una votación conjunta en el recinto.
También genera resistencia la propuesta oficial de eliminar completamente el financiamiento estatal de campañas y publicidad electoral. Algunos sectores aliados plantean conservar una parte de la asistencia pública y, al mismo tiempo, ampliar los aportes privados.
El tratamiento comenzó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y continuará en las próximas semanas con nuevas reuniones. Allí se analizarán proyectos presentados por el oficialismo, bloques aliados y espacios opositores.
Durante el debate, senadores de la UCR y de fuerzas provinciales cuestionaron algunos puntos del texto enviado por el Poder Ejecutivo, especialmente la posibilidad de votar listas completas de un mismo partido y la simultaneidad entre elecciones nacionales y provinciales.
Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la eliminación de las PASO por el costo económico del sistema. Según datos expuestos en comisión, las últimas primarias demandaron más de 1.240 millones de pesos para agrupaciones que, en algunos casos, no alcanzaron el 2% de los votos.
