SOFIA ZANOTTILa investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará esta semana una nueva ronda de testimonios en Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita busca precisar cómo se concretaron distintas operaciones inmobiliarias y si los montos involucrados se corresponden con lo declarado por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
Según trascendió, una de las líneas de análisis está centrada en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En ese tramo de la causa fueron convocados referentes de una inmobiliaria para aportar datos sobre el valor de la operación, la documentación firmada y el estado en que se encontraba la propiedad al momento de la venta. Distintos reportes periodísticos señalaron que la fiscalía intenta reconstruir el precio real del inmueble y las condiciones en que se cerró la compraventa.
Por otro lado, la causa también pone el foco en el financiamiento de la adquisición de esa vivienda. Entre los testigos aparece Pablo Martín Feijoo, mencionado en el expediente por su presunto vínculo con dos mujeres que otorgaron una hipoteca privada relacionada con la operación. La Justicia intenta determinar cómo se articuló ese préstamo y cuál fue el rol de cada una de las personas involucradas.
En paralelo, los investigadores avanzan sobre las refacciones realizadas en una vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, vinculada a Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Para ese tramo fue citado un contratista, a quien se le requirió documentación, presupuestos, facturas y mensajes que permitan establecer quién pagó las obras y por qué montos.
Además, en el expediente también se analiza si hubo diferencias entre los valores de mercado de los inmuebles y los montos informados en las declaraciones juradas. Medios nacionales consignaron que la fiscalía pidió revisar gastos asociados al country, entre ellos la cuota de ingreso y las expensas, como parte del cruce de información patrimonial.
La causa se da en un contexto de creciente presión política sobre el jefe de Gabinete, que además deberá presentarse el 29 de abril ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. En ese marco, el expediente patrimonial se convirtió en uno de los principales frentes de atención alrededor del funcionario.
