SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 que crea el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que introduce cambios en el tratamiento penal de adolescentes en conflicto con la ley. La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial.
Entre los principales puntos de la nueva legislación se encuentra la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. Además, el sistema incorpora un esquema de penas graduadas que tendrá en cuenta tanto la edad del menor como las circunstancias en las que se cometió el delito.
La iniciativa había sido aprobada por el Senado durante el período de sesiones extraordinarias del 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra, luego de obtener previamente media sanción en la Cámara de Diputados. Con este respaldo parlamentario, el oficialismo logró convertir el proyecto en ley y avanzar con una de las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.
El texto final de la norma también establece un sistema de sanciones que incluye medidas socioeducativas y penas alternativas para delitos menos graves, como trabajos comunitarios, prohibiciones de acercamiento o monitoreo electrónico. Para delitos de mayor gravedad, el régimen contempla penas de privación de libertad que pueden alcanzar hasta 15 años.
Durante el debate legislativo, el Gobierno originalmente había propuesto fijar la imputabilidad desde los 13 años. Sin embargo, tras negociaciones con bloques aliados como el PRO y la UCR, el Ejecutivo aceptó elevar el límite a los 14 años para lograr el consenso necesario en el Congreso.
Con esta reforma, Argentina modifica un sistema que durante décadas establecía que los menores de 16 años no podían ser juzgados penalmente. Ahora, el nuevo régimen busca adaptar la legislación a estándares similares a los que rigen en varios países de la región.
