
El Senado trata la reforma laboral con concesiones
SOFIA ZANOTTI
El Senado de la Nación Argentina debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que llega al recinto con una serie de modificaciones negociadas en las últimas horas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que se alcanzó un “acuerdo” para avanzar con la iniciativa, a la que definió como “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.
Entre las concesiones realizadas, se eliminó el artículo que contemplaba una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, punto que generaba preocupación en las provincias por su impacto en la coparticipación.
Además, el Gobierno cedió ante la Confederación General del Trabajo (CGT) y mantuvo durante dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%. Tampoco se modificarán las cargas destinadas a las obras sociales, que seguirán en el 6%.
En el mismo sentido, continuará el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un límite del 0,5%.
Otro de los cambios acordados fue excluir a las billeteras virtuales como intermediarias en el pago de salarios. De esta manera, los sueldos deberán abonarse únicamente a través de entidades bancarias, tal como solicitaron las entidades financieras.
El proyecto también introduce ajustes en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones por despido. Se establecieron dos categorías: las grandes empresas aportarán el 1% de sus contribuciones a ANSES, mientras que las pymes y minipymes destinarán el 2,5%, con posibilidad de ajustes bajo control legislativo.
En materia impositiva, se mantendrán los cambios previstos, salvo la rebaja de Ganancias. Se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que prevé beneficios fiscales como amortización acelerada en Ganancias e IVA.
Por otro lado, se derogará el Estatuto del Periodista, aunque se otorgará un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo que regule la actividad dentro del marco general de la Ley de Contrato de Trabajo.
El oficialismo asegura contar con los votos necesarios para aprobar la norma, gracias al respaldo de bloques como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Sin embargo, aún no está definido el posicionamiento de algunos legisladores clave.



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