SOFIA ZANOTTI
En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados introdujo cambios al proyecto de reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que obliga a que el texto vuelva al Senado y retrasa su sanción definitiva. La modificación fue interpretada como un triunfo táctico del presidente Javier Milei, que consigue así ganar tiempo hasta después de las elecciones.
La norma, que había sido aprobada con amplio consenso en la Cámara alta, buscaba limitar la capacidad del Poder Ejecutivo para gobernar por decreto. Sin embargo, los libertarios concentraron sus esfuerzos en alterar al menos un artículo del texto —el que fijaba un plazo máximo de 90 días para que el Congreso se expida sobre un DNU—, lo que finalmente consiguieron con apoyo de sectores del PRO, el MID y algunos radicales.
En el oficialismo celebran que la votación les da aire político: cualquier insistencia del Senado o eventual veto presidencial se discutirá recién en noviembre o diciembre, cuando el escenario legislativo y electoral podría ser más favorable para La Libertad Avanza.
El resultado fue producto de una intensa negociación entre la Casa Rosada y varios gobernadores. Según trascendió, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo mantuvieron contactos directos para lograr abstenciones o ausencias clave, especialmente de legisladores de Misiones, Salta, Tucumán y Río Negro.
Aunque la oposición consiguió aprobar el proyecto en general con 140 votos, aún no alcanza los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto presidencial. En el entorno de Milei interpretan esto como una señal de que “todavía hay margen para maniobrar”.
Con esta jugada, el Gobierno consiguió lo que buscaba: frenar una derrota política plena y trasladar la discusión sobre los DNU a un escenario posterior a las elecciones, cuando podría contar con una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
