LORENA ACOSTA
El Congreso nacional se prepara para una semana marcada por dos debates clave: la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el análisis del Presupuesto 2026. Ambos temas concentran las tensiones entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y los bloques opositores.
En la Cámara de Diputados, la oposición decidió postergar una semana la sesión que planeaba convocar para este miércoles, con el objetivo de consensuar un temario común. Entre los puntos en discusión figuran la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la posibilidad de avanzar en una moción de censura, aunque sectores radicales y provinciales no acompañan esa postura por considerar a Francos un interlocutor necesario.
El martes a las 14, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el debate sobre la ley de DNU ya sancionada en el Senado. El proyecto limita su vigencia a 90 días si no son ratificados por el Congreso y establece que, si una de las cámaras los rechaza, pierden validez. Los bloques opositores —peronismo, radicales y provinciales— cuentan con votos suficientes para emitir dictamen.
En paralelo, el miércoles a las 13 comenzará la ronda de consultas sobre el Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expondrá las proyecciones macroeconómicas oficiales: crecimiento del 5% del PBI, inflación del 10,1% y un dólar a 1.423 pesos en diciembre de 2026. El Gobierno plantea un gasto total de 148 billones de pesos y un superávit primario de 2 billones.
La oposición insiste en convocar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Biasuli, para discutir la política monetaria y la asistencia financiera internacional. Si LLA se resiste, los legisladores anticiparon que impulsarán un emplazamiento en la próxima sesión.
Entre los puntos de mayor controversia figura el financiamiento de las universidades, que reclaman duplicar las partidas previstas, y el alcance de los aumentos en jubilaciones, discapacidad, salud y educación. La oposición exige restablecer la aplicación plena de la ley de financiamiento educativo, que fija un 6% del PBI para ese sector.
Con solo 6 de los 49 integrantes de la comisión, LLA necesitará acuerdos con bloques provinciales y gobernadores para garantizar dictamen de mayoría. Mientras tanto, apuesta a estirar las reuniones hasta después de las elecciones de octubre, con la expectativa de mejorar su representación parlamentaria en el recambio del 10 de diciembre.
