SOFIA ZANOTTI
Durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el programa Procrear fue presentado como una política central en materia de acceso a la vivienda y desarrollo urbano. No obstante, informes oficiales y auditorías revelan que la implementación del plan tuvo un sesgo político marcado y numerosas deficiencias en su ejecución.
Uno de los datos más reveladores es la concentración de viviendas en sólo tres municipios del conurbano bonaerense: Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora, todos gobernados por intendentes cercanos al kirchnerismo. Según registros públicos, entre los tres acumularon 4.909 viviendas, es decir, el 30% del total nacional. En contraste, el resto de los municipios bonaerenses recibió 5.249 viviendas y el resto del país apenas 6.985.
La ejecución del Procrear tampoco cumplió con las metas proyectadas. De los 400.000 créditos y 30.000 viviendas prometidas originalmente, solo se otorgaron unos 120.000 créditos —mayormente para refacciones— y muchas obras quedaron inconclusas. Al cierre de 2023, más de 17.000 viviendas estaban paralizadas o sin habitar.
El caso de Berazategui es emblemático: se presupuestaron 1.403 viviendas, pero ninguna llegó a ser habitada. El terreno permanece vacío y no se han devuelto los fondos transferidos.
A estas irregularidades se suman denuncias por desvío de fondos y ausencia de controles. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó transferencias por $468 millones a obras que nunca comenzaron y la falta de presentación de estados contables del fideicomiso del programa. Además, se constató una pérdida de $52.000 millones debido a mala administración y financiamiento inflacionario.
Los especialistas concluyen que, con este ritmo de construcción estatal y sin acceso al crédito, el déficit habitacional —estimado en 1,6 millones de viviendas nuevas— demoraría casi nueve siglos en resolverse.
