SOFIA ZANOTTI
En un fallo de más de 400 páginas, el juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar al expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa conocida como “Seguros”. La medida incluye un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283. El magistrado lo consideró autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La resolución también alcanza al empresario Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero —histórica secretaria del exmandatario—, y a una serie de exdirectivos de Nación Seguros, entre ellos Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos, todos procesados sin prisión preventiva.
La investigación reveló un entramado de contrataciones irregulares entre organismos del Estado y empresas vinculadas a Martínez Sosa, quien habría recibido más de $416 millones en comisiones entre 2020 y 2024, incluyendo contratos con al menos 19 entidades estatales. Según la Procelac, Fernández le facturó al empresario más de $4 millones por servicios entre 2010 y 2019, con la última factura fechada días antes de asumir como presidente.
El expediente, que había estado a cargo del juez Julián Ercolini, cambió de manos en febrero de este año y desde entonces fue retomado por Casanello, quien ordenó revisar la documentación y profundizar líneas de investigación. Una pieza clave fue el informe de la Procelac, de 662 páginas, que detalló vínculos económicos previos entre el expresidente y el empresario.
