SOFIA ZANOTTI
El Gobierno se alista para una nueva movilización de los barras bravas y un paro general de la CGT que podría estallar el 8 de abril. Mientras tanto, las tensiones siguen creciendo y la Casa Rosada intenta evitar un escenario de confrontación.
En un contexto de creciente tensión social y política, el Gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar una nueva marcha de los barras bravas, un grupo que ha ganado notoriedad tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante la semana pasada. Esta movilización se llevará a cabo en apoyo a los jubilados, pero ya se anticipa que podría generar nuevos disturbios, especialmente tras los enfrentamientos que dejaron heridos y cientos de detenidos, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado crítico tras ser golpeado por una cápsula de gas lacrimógeno.
El presidente Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha asegurado que las autoridades están listas para manejar la situación con un operativo de seguridad similar al de la semana pasada, donde se trató de contener a los manifestantes que incendiaron vehículos y enfrentaron a la policía. A pesar de los esfuerzos, la tensión persiste y las autoridades temen un nuevo estallido.
En paralelo, la central obrera CGT mantiene firme su postura y anunció que convocará a un paro general el próximo 8 de abril. A pesar de los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de negociar con los sindicalistas más moderados, el diálogo con los sectores más duros de la CGT sigue siendo inexistente. Héctor Daer, uno de los principales referentes del gremio, aseguró que no ha habido contacto con el Gobierno para tratar de evitar la medida de fuerza.
La situación es compleja y pone al Gobierno ante una encrucijada: por un lado, las tensiones sociales crecen con las movilizaciones de los barras, y por el otro, la central obrera se muestra cada vez más inflexible en su decisión de llevar adelante el paro. En el medio, la Casa Rosada se enfrenta a la presión de encontrar un punto de equilibrio entre la contención de las protestas y el respeto a los derechos laborales.
