La Corte Suprema sesiona con su nueva integración mientras crece la incertidumbre sobre Ariel Lijo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará a cabo una nueva sesión este miércoles con su conformación reducida a cuatro miembros, en medio de las tensiones por la situación del juez federal Ariel Lijo. Si bien la Cámara Federal avaló su pedido de licencia, dentro del tribunal persisten las discrepancias y su ingreso sigue en suspenso.

La reunión de la Corte incluirá el análisis del pedido de Lijo, quien pretende asumir como ministro del máximo tribunal sin renunciar a su cargo actual. Sin embargo, se espera que la decisión final quede postergada, dado que existen posturas enfrentadas entre los jueces. Mientras Carlos Rosenkrantz se opone al otorgamiento de la licencia, Ricardo Lorenzetti la respalda. En tanto, Horacio Rosatti y el recientemente incorporado Manuel García Mansilla aún no definieron su postura.

El escenario político suma otro factor de presión: en el Senado, donde el pliego de Lijo ya fue aprobado en Comisión el año pasado, existe la posibilidad de que en las próximas horas se convoque a una sesión especial para tratar su designación. De concretarse, su aprobación haría innecesaria la intervención de la Corte, resolviendo la cuestión por vía legislativa.

Tensiones internas en la Corte y un conflicto sin precedentes
El reglamento de la Corte establece que las decisiones administrativas se toman por mayoría simple, sin que el presidente del tribunal tenga doble voto. No obstante, el debate interno sobre la licencia de Lijo ha generado un impasse sin antecedentes recientes.

Además, el conflicto se complica por la existencia de una denuncia contra Rosenkrantz, iniciada en 2019 en el juzgado de Lijo, relacionada con presuntas cuentas no declaradas en el exterior. Si bien el caso no ha avanzado significativamente, su existencia añade un matiz político al análisis de la licencia del magistrado.

La estrategia de Lijo y el impacto de la demora en su nombramiento
Lijo fue designado en comisión mediante un decreto del presidente Javier Milei, lo que le permitiría asumir de inmediato en la Corte. No obstante, su mandato en este esquema solo estaría vigente hasta fin de año, lo que ha generado resistencia dentro del propio tribunal. Para obtener un nombramiento vitalicio, se necesita la aprobación del Senado.

En este contexto, el magistrado prefiere esperar el respaldo parlamentario antes de renunciar a su cargo actual en la Justicia Federal. Sin embargo, el tratamiento de su pliego se ha visto afectado por recientes controversias políticas, lo que podría dilatar aún más su llegada al máximo tribunal.

La postura de Milei y el debate sobre los decretos
El presidente Javier Milei ha defendido con firmeza la constitucionalidad de su decisión de nombrar jueces por decreto, asegurando que la propia Corte validó esta práctica al aceptar la jura de García Mansilla. “La Corte lo analizó y decidió tomarle juramento, eso es prueba suficiente de que es constitucional”, argumentó el mandatario, quien además criticó a quienes cuestionan esta medida, calificándolos de “ñoños republicanos”.

A pesar de este respaldo oficial, el procedimiento genera controversia incluso dentro del propio tribunal. En 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó una estrategia similar con Rosatti y Rosenkrantz, pero ambos asumieron sus cargos solo tras la aprobación del Senado.

Mientras la Corte delibera y el Senado evalúan los pasos a seguir, la designación de Lijo continúa envuelta en incertidumbre, en un contexto de disputas políticas e institucionales que marcarán el futuro del máximo tribunal del país.