El oficialismo analiza distintas estrategias ante la falta de apoyo para la designación de Ariel Lijo. La medida podría generar conflictos políticos y judiciales.
Política 23/02/2025
SOFIA ZANOTTI
El Gobierno estudia la posibilidad de completar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un decreto, luego de que fracasara la sesión en el Senado para tratar el pliego de Ariel Lijo. La decisión, que aún no está confirmada, abre un nuevo frente de disputa tanto en el ámbito político como en el judicial, mientras la Corte enfrenta la resistencia de jueces nacionales porteños que rechazan la intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en sus fallos.
Un escenario incierto tras el rechazo del Senado
El oficialismo había apostado a la aprobación del pliego de Lijo para cerrar las sesiones extraordinarias con una victoria política. Sin embargo, la falta de consenso y el rechazo del kirchnerismo impidieron el tratamiento en el recinto. Ante este revés, el Ejecutivo baraja varias alternativas, entre ellas la polémica posibilidad de realizar las designaciones por decreto.
Este mecanismo, que ya fue utilizado en otras oportunidades, podría aplicarse tanto a Lijo como a Manuel García-Mansilla, otro de los candidatos propuestos, o bien a nuevos postulantes. No obstante, la estrategia no está exenta de riesgos, ya que podría ser impugnada en el Congreso o incluso judicializada, quedando en manos de la propia Corte Suprema su eventual validez.
Jueces en rebeldía y conflictos institucionales
Mientras el Gobierno analiza cómo completar la Corte, otro conflicto de alto impacto sacude el ámbito judicial: la negativa de jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires a aceptar la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en sus fallos.
El enfrentamiento se desató a raíz de una causa en la que la familia del artista León Ferrari demandó al periodista Gabriel Levinas por la gestión de sus obras. Luego de una condena en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Levinas recurrió al TSJ porteño, que aceptó intervenir en el caso. Sin embargo, la Cámara Civil rechazó su participación y elevó el conflicto a la Corte Suprema, que ratificó la facultad del TSJ para revisar decisiones de la Justicia nacional.
Pese al fallo del máximo tribunal, las Cámaras Nacionales en lo Civil, del Trabajo y en lo Criminal y Correccional emitieron acordadas en las que desconocen la autoridad del TSJ porteño, generando una crisis institucional sin precedentes.
Un futuro incierto para la Corte Suprema
El intento del Gobierno de designar nuevos jueces y la resistencia de los magistrados nacionales configuran un escenario de alta tensión. En este contexto, la Corte Suprema sigue operando con solo tres integrantes, situación que, si bien no impide su funcionamiento, podría generar trabas en futuras decisiones clave.
La gran incógnita es si el Ejecutivo avanzará finalmente con los decretos o buscará una nueva estrategia para lograr consenso en el Congreso. Mientras tanto, el conflicto judicial sigue escalando, dejando en evidencia las profundas grietas en el sistema institucional argentino.
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