La superpoblación de detenidos en la Ciudad: una crisis que exige soluciones urgentes

Más de 2.200 presos colapsan comisarías y alcaidías porteñas, mientras el 90% debería estar en penales federales. Desde 2020, la problemática se agudiza y representa un desafío económico y de gestión.

Sociedad28 de enero de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
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La Ciudad de Buenos Aires enfrenta una creciente crisis de superpoblación carcelaria, con 2.269 detenidos alojados en comisarías, alcaidías y módulos provisionales. Según datos oficiales, más del 90% de estos presos deberían ser trasladados a penales federales, pero permanecen en instalaciones transitorias debido a la falta de coordinación entre los poderes judiciales y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La situación comenzó a agravarse en 2020, cuando se suspendieron los traslados regulares a cárceles federales, lo que incrementó de 60 a más de 2.200 los detenidos bajo custodia local. Aunque recientemente se han retomado los traslados con 90 reos enviados semanalmente, la problemática persiste.

“Las 41 alcaidías y 37 comisarías están saturadas. Los espacios destinados para alojamientos transitorios no dan abasto, lo que llevó a la creación de cuatro módulos carcelarios en Villa Soldati, Chacarita, Barracas y Saavedra”, informaron fuentes oficiales. Cada módulo tiene capacidad para 80 personas, pero esta medida resulta insuficiente.

Del total de presos, el 56% está relacionado con delitos como robos y hurtos, mientras que otros enfrentan cargos por abuso sexual, homicidios y delitos contra menores. Además, el 19% de la población detenida corresponde a extranjeros, principalmente de Perú, Chile y Paraguay.

El costo de mantener esta estructura recae en las arcas porteñas, con una inversión de 70 millones de dólares en infraestructura y mantenimiento. Mientras tanto, las fugas y las tensiones por la sobrepoblación han encendido alarmas en las autoridades locales, quienes exigen soluciones estructurales y una redistribución adecuada de los presos.

La firma de un acuerdo entre la Ciudad y la Nación para traspasar la gestión del Servicio Penitenciario representa una luz de esperanza, aunque su implementación requerirá tiempo y coordinación política.

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