GASTON PAROLA
En horas de la mañana, se inició el desalojo de una comunidad autodenominada mapuche que desde 2020 ocupa terrenos del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. La medida fue ordenada por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, tras años de litigios y reclamos por parte de las autoridades locales y nacionales.
El grupo, liderado por Cruz Cárdenas, había establecido su campamento en la denominada "Seccional del Guardaparque El Maitenal", afectando una zona protegida de gran valor ambiental. La comunidad, integrada también por su pareja María Belén Salinas y otros miembros del grupo Paillako, enfrenta acusaciones de haber realizado ataques contra personal de la Administración de Parques Nacionales y de provocar daños a bienes del Estado.
El operativo, respaldado por fuerzas nacionales y provinciales, cuenta con la supervisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y prevé la llegada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según declaraciones oficiales, las acciones se están desarrollando bajo estrictos protocolos para preservar tanto la integridad de los involucrados como el entorno natural.
El conflicto tomó mayor relevancia tras la decisión de no renovar la Ley N.º 26.160, que suspendía desalojos en tierras reclamadas por comunidades indígenas. “Esto nos devuelve la capacidad de actuar en defensa de la propiedad y el orden legal, siempre bajo el amparo de sentencias judiciales firmes”, destacaron desde el Gobierno Nacional.
Por su parte, la comunidad mapuche, que había anticipado su rechazo a la medida, recibió el apoyo de sectores políticos y sociales. Durante la jornada, se realizaron manifestaciones en Buenos Aires frente a la sede de la Administración de Parques Nacionales y en otros puntos del país.
Mientras tanto, los abogados de la agrupación mapuche cuestionaron el operativo y se distanciaron de cualquier acción que pudiera surgir durante el procedimiento. “Hicimos lo que debíamos hacer, ahora depende de ellos decidir cómo actuar”, señalaron.
El desenlace del operativo será clave para evaluar el impacto de la medida en la comunidad local y el debate sobre los derechos territoriales en Argentina.
