GASTON PAROLA
En una declaración que generó revuelo político y mediático, el gobierno de Javier Milei afirmó haber descubierto una supuesta red de protección dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucesora de la AFIP, que habría bloqueado auditorías a empresarios y figuras vinculadas al kirchnerismo desde 2016. Según las acusaciones, estas prácticas habrían comenzado durante el gobierno de Mauricio Macri y continuado bajo la gestión de Alberto Fernández.
El Ejecutivo señala que este entramado incluyó la suspensión de auditorías a nombres como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, entre otros. Sin embargo, fuentes internas de ARCA, así como exfuncionarios del organismo, rechazaron las acusaciones, tildándolas de tergiversaciones.
“Cuando asumimos en diciembre de 2015, encontramos restricciones impuestas por la gestión anterior para controlar el acceso a información de contribuyentes de alto perfil. Lo que hicimos fue corregir y regular estos procedimientos para garantizar transparencia, no bloquear investigaciones”, afirmó un exfuncionario con tres décadas de experiencia en la AFIP.
El sistema, denominado informalmente "memento", fue diseñado para monitorear el acceso a datos sensibles de personas de interés público. Según explicaron fuentes internas, se trataba de un mecanismo de control que requería que los inspectores justificaran el motivo de cualquier consulta sobre contribuyentes destacados, desde políticos hasta figuras mediáticas.
La denuncia también incluyó críticas a Andrés Vázquez, actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), quien ha sido vinculado a Báez y López. Sin embargo, funcionarios de anteriores gestiones señalaron que fue justamente bajo la dirección de Alberto Abad, en 2016, cuando se inició la denuncia contra Cristóbal López por evasión fiscal, un caso que marcó un hito en la lucha contra la corrupción.
Desde el gobierno de Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo utilizó la red social X para reforzar las acusaciones, generando mayor confusión al vincular a figuras que no formaban parte de la AFIP, como María Eugenia Talerico, exfuncionaria de la Unidad de Información Financiera.
La controversia plantea interrogantes sobre la transparencia y las intenciones detrás de la denuncia, así como sobre los procedimientos internos que rigen el acceso y manejo de información fiscal de figuras públicas.
