El Gobierno ha decidido extender hasta marzo de 2025 los contratos de unos 40 mil empleados estatales, quienes deberán aprobar exámenes de idoneidad para asegurar su continuidad en el cargo. Los responsables de cada área definirán si sus servicios son necesarios.
Política 03 de enero de 2025
SOFIA ZANOTTI
En una medida que afecta a decenas de miles de empleados públicos, el Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 31 de marzo de 2025 los contratos de unos 40 mil trabajadores estatales que vencieron el 31 de diciembre pasado. La prolongación de estos vínculos laborales está sujeta a la aprobación de un examen de idoneidad, que evaluará las competencias de los empleados según el tipo de tarea que realicen.
El examen, que se implementó bajo la supervisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se divide en tres niveles: servicios generales, administrativos y profesionales. A finales de diciembre, cerca de 9 mil empleados completaron la prueba con una tasa de aprobación del 95%. Aquellos que no aprueben en su primer intento podrán repetir el examen hasta tres veces.
Una vez aprobada la evaluación, será responsabilidad de los responsables de cada sector decidir si la continuidad de los empleados es necesaria para el funcionamiento de la institución. Los que logren superar la evaluación podrán acceder a contratos extendidos hasta finales de 2025, en línea con la política del Gobierno de reducir la dotación del Estado.
Esta medida es parte de un proceso más amplio iniciado por el presidente Javier Milei, quien asumió en 2023 con el objetivo de reducir la planta del sector público. Desde su llegada a la Casa Rosada, el mandatario ha implementado un plan de reestructuración que incluye la eliminación de ministerios y secretarías, y la desvinculación de personal. Según Sturzenegger, hasta noviembre de 2024 se habían desvinculado a 35.936 trabajadores, con una significativa proporción de ellos pertenecientes a la administración centralizada y descentralizada.
Además, el Gobierno está llevando a cabo una revisión de más de 50 convenios colectivos de trabajo y está reconfigurando las escalas salariales para reducir las disparidades entre diferentes sectores del Estado.
Por otro lado, fuentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han expresado su preocupación por los despidos que se produjeron a fines de diciembre, que afectan a más de 57 mil trabajadores temporales, incluyendo aquellos que no pertenecen a la planta permanente y los monotributistas.
A modo de complemento, el Gobierno implementó nuevos regímenes de contratación, como el Decreto 1148/24, que establece estrictas condiciones para la contratación de personal público en 2025, incluyendo la necesidad de justificar bajas previas antes de realizar nuevas designaciones.
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