SOFIA ZANOTTI
Este viernes, la provincia de Buenos Aires entra en un periodo decisivo con el tratamiento de tres proyectos clave para el gobierno de Axel Kicillof: el Presupuesto 2025, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento por 1,2 billones de pesos. Las negociaciones han estado marcadas por desacuerdos internos dentro de la coalición oficialista, y las diferencias con la oposición se intensifican mientras se avanza hacia un año electoral.
El proyecto de endeudamiento, uno de los más complejos, requiere el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras legislativas. Según el gobierno bonaerense, los fondos solicitados no implican emisión de nueva deuda, sino que están destinados exclusivamente al pago de obligaciones heredadas de la gestión de María Eugenia Vidal. Esto incluye un pedido de financiamiento equivalente a USD 1.045 millones y la emisión de Letras del Tesoro por USD 250 millones.
El Presupuesto 2025 contempla un gasto total de 34,3 billones de pesos y plantea la renovación de leyes de emergencia en varias áreas clave, como seguridad e infraestructura. Por su parte, la ley fiscal establece topes del 28% de aumento en el impuesto inmobiliario y del 20% en el impuesto automotor, además de mantener las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos.
La oposición, liderada por Juntos por el Cambio, ha mostrado resistencia al endeudamiento, pidiendo ajustes adicionales y cambios en el proyecto, especialmente respecto a la aplicación de aumentos fiscales y los poderes de ARBA para aumentar impuestos hasta un 100%.
Las negociaciones previas han sido tensas, en gran parte debido a la interna dentro de la coalición oficialista, especialmente entre Kicillof y La Cámpora. El ministro Andrés "Cuervo" Larroque ha señalado que algunos sectores dentro de su propio espacio buscan obstaculizar el avance de las leyes, mientras que sectores sindicales y movimientos sociales presionan para que los legisladores apoyen los proyectos, resaltando la importancia del presupuesto para sostener inversiones en áreas como educación, salud y seguridad.
Las negociaciones políticas no solo incluyen el apoyo a estas leyes, sino también la disputa por cargos clave en organismos provinciales. Los acuerdos finales dependerán de un complejo juego de poder que, además de los temas fiscales, involucra una lucha interna por posicionamientos estratégicos dentro de la estructura del gobierno bonaerense.
