La Policía de Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, ha desactivado 36 búnkers de droga en toda la provincia, marcando un avance significativo en la lucha contra el microtráfico. Este martes, dos inmuebles de Rosario fueron demolidos como parte de esta estrategia.
Policiales 10 de diciembre de 2024
SOFIA ZANOTTI
En una acción coordinada entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Santa Fe, se procedió este martes a la inactivación de dos inmuebles en la zona noroeste de Rosario, como parte de la implementación de la Ley de Microtráfico. El Ministro Pablo Cococcioni, junto a los fiscales Diego Giró y Franco Carbone, supervisó los operativos que tuvieron lugar en las calles Bello 3936 y Oria 4055.
Cococcioni destacó la importancia de estas intervenciones, señalando que los inmuebles desactivados eran puntos clave de venta de estupefacientes vinculados al clan Romero, liderado por Hernán "Lichi" Romero, actualmente preso. Estos búnkers, además de ser focos de comercialización de drogas, fueron responsables de una serie de balaceras y hechos violentos en la zona, afectando gravemente la seguridad y convivencia de los vecinos.
"Estos puntos de venta habían sido allanados en varias ocasiones, pero seguían funcionando, deteriorando el entorno y generando un constante clima de violencia", explicó el ministro. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad lograron la detención de personas involucradas en el tráfico de drogas y la incautación de estupefacientes.
En cuanto a la estrategia a seguir, Cococcioni adelantó que se propondrá en la Legislatura un proyecto para la ocupación positiva de estos espacios con actividades estatales o sociales, con el objetivo de prevenir que los delincuentes retomen el control de los lugares desactivados. Además, recordó que este año ya se han desactivado 36 búnkers en toda la provincia, de los cuales 27 están ubicados en Rosario.
La intervención en estos puntos de venta es parte de un esfuerzo más amplio bajo la Ley de Microtráfico, sancionada en 2023, que permite la desactivación directa de los búnkers de drogas, una competencia previamente bajo la jurisdicción de la Justicia Federal. Este marco legal facilita la demolición de las estructuras vinculadas al narcotráfico, buscando frenar el avance de la venta de estupefacientes en las calles.
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