SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional oficializó este jueves la eliminación de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la pensión correspondiente a su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y quedó formalizada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1092/2024.
El documento especifica la baja de los beneficios que estaban registrados a nombre de Cristina Kirchner, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, debido a su implicación en un caso de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La resolución destaca que los beneficios destinados a expresidentes y vicepresidentes están condicionados al "buen desempeño" durante sus mandatos, un criterio que, según el Ejecutivo, Cristina Kirchner no cumple tras su condena. En este sentido, se sostiene que el derecho a percibir una jubilación de privilegio queda anulado si se confirma la comisión de delitos graves en el ejercicio de funciones públicas.
Manuel Adorni, en conferencia de prensa, subrayó que la decisión representa un ahorro de aproximadamente 21.8 millones de pesos anuales para el Estado argentino y aclaró que la exmandataria aún podrá percibir una jubilación convencional basada en sus aportes, pero sin los beneficios adicionales asociados a los cargos que ocupó.
Horas después del anuncio, Cristina Kirchner respondió a través de sus redes sociales, calificando la medida como un "acto ilegal" y acusando al presidente Javier Milei de ejercer presiones políticas inadecuadas. La expresidenta dejó entrever la posibilidad de iniciar acciones legales para recuperar los beneficios, alegando que solo el Congreso tiene la autoridad para juzgar su desempeño como presidenta.
La normativa que regula estas asignaciones establece que las pensiones para expresidentes y sus viudas no son contributivas, sino que se otorgan como un reconocimiento por su servicio al país. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que estas asignaciones pierden validez cuando se vulnera la confianza pública y se cometen delitos en el ejercicio del cargo.
El debate en torno a la eliminación de las jubilaciones de privilegio ha generado un intenso cruce de opiniones en la arena política, en especial en un contexto de creciente polarización. Mientras tanto, el Gobierno anunció que revisará otros casos de jubilaciones especiales, en un intento de garantizar la "ejemplaridad" en la gestión pública.
